Gavin Newsom reclama la aplicación de la 25ª enmienda constitucional para destituir a Donald Trump tras un mitin. La confrontación política se dispara en California luego de que el mandatario sugiriera un ataque iraní contra Los Ángeles o San Diego.
El quiebre constitucional en California y la respuesta oficial
La exigencia de inhabilitación surge tras declaraciones catalogadas como un acto perturbado por parte del liderazgo demócrata.
El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, reclamó aplicar la 25ª enmienda de la Constitución estadounidense para inhabilitar al presidente, Donald Trump, tras señalar que se trata de un enfermo mental. La postura se endurece después de las declaraciones emitidas en un mitin de campaña en Nebraska, donde el mandatario sugirió que Irán ataque las ciudades californianas de Los Ángeles o San Diego como parte del conflicto bélico y la fluctuación en los precios del combustible. En un comunicado enviado a medios estadounidenses, el mandatario estatal asegura que el jefe de la Casa Blanca carece de facultades y califica el momento como la oportunidad idónea para activar el mecanismo de sucesión presidencial destinado a líderes incapaces de cumplir con sus obligaciones. La tensión escala en una región donde la presencia castrense resulta masiva, abarcando a más de 130,000 efectivos militares en el sur del estado. El gobernador, quien concluirá su mandato el 3 de noviembre al no poder optar a la reelección, consolida su posición como uno de los principales referentes demócratas rumbo al panorama electoral del 2028.
La fractura institucional y el frente de alcaldía en Los Ángeles
Karen Bass exige disculpas formales ante la vulneración de la seguridad nacional y la invitación implícita a potencias extranjeras.
Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, exigió una disculpa pública al presidente tras tildar de completamente irresponsables sus expresiones sobre la destrucción de su demarcación o la vecina San Diego. En una entrevista concedida a la cadena estadounidense MS NOW, la regidora advirtió que la función primordial de un jefe de estado radica en proteger y defender al pueblo estadounidense, cuestionando la legitimidad de invitar a una potencia extranjera a agredir territorio nacional. La funcionaria incidió en el impacto directo sobre San Diego, zona que alberga a más de 120,000 militares en activo y a una comunidad vinculada a las Fuerzas Armadas de casi medio millón de personas. En paralelo, la delegación demócrata de California en el Congreso, articulada a través de la congresista Zoe Lofgren, emitió un extrañamiento suscrito por 43 representantes exigiendo explicaciones y recordando el juramento constitucional de proteger a la nación frente a amenazas extranjeras, emplazando a los legisladores a exigir cuentas ante lo que califican como una defensa de una guerra inconstitucional contra Teherán.
La contención de la Casa Blanca y el rechazo a las justificaciones oficiales
Steven Cheung defiende la postura presidencial mientras las autoridades locales denuncian antecedentes de intimidación federal.
Ante el revuelo político, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, argumentó en redes sociales que las críticas de los medios carecen de sustento real, defendiendo que el mandatario simplemente evidenciaba la amenaza latente que el programa iraní habría supuesto para las ciudades estadounidenses si no se frenaba su desarrollo nuclear. Sin embargo, este intento de cerrojo discursivo fue rechazado de plano por la alcaldía angelina, la cual recordó que dicha narrativa carece de conexión con las expresiones verbales emitidas en el estrado. Asimismo, el consistorio trajo a colación la escalada de tensión previa, marcada por el despliegue de 4,000 efectivos militares, incluyendo la Guardia Nacional y 700 marines, en las calles de Los Ángeles, operativo calificado por la administración local como un intento de intimidación poblacional. Mientras tanto, el gobernador interpeló de manera directa a los líderes republicanos en el Congreso, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al vicepresidente, JD Vance, recriminando su silencio ante los señalamientos de vulnerabilidad territorial.
(Con información de Europa Press)
