La Fiscalía General de la República despliega una ofensiva judicial contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad de Tabasco, mediante la solicitud de extinción de dominio sobre activos financieros que suman más de 2.2 millones de pesos, en medio de un proceso penal que enfrenta el exfuncionario por delitos graves que incluyen secuestro y desaparición forzada.
El cerco judicial contra el exfuncionario tabasqueño
La acción legal emprendida por la Fiscalía General de la República se formalizó el pasado 6 de julio ante la juez segundo de distrito en materia de extinción de dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, quien supervisa el desahogo de las pruebas sobre la procedencia ilícita de los recursos financieros acumulados por quien fuera titular de seguridad en la administración estatal tabasqueña. El exsecretario, quien permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano bajo prisión preventiva oficiosa, enfrenta actualmente el juicio 26/2026, el cual busca legitimar el decomiso de un capital ascendente a un millón 387 mil pesos depositados en una cuenta bancaria, cuyo origen el ministerio público federal sostiene que no ha sido acreditado legalmente bajo los parámetros de transparencia financiera.
Irregularidades y trabas procesales en la extinción de dominio
El desarrollo del proceso judicial ha experimentado tropiezos significativos debido a fallas en los sistemas de comunicación del Poder Judicial de la Federación, lo que obligó a las autoridades a recurrir a exhortos para completar la notificación oficial del demandado dentro del centro penitenciario. Paralelamente, el juicio 24/2026 que involucra a Verónica Encalada Pérez y Humberto Bermúdez Requena, esposa y hermano del exfuncionario respectivamente, ha sido aplazado debido a deficiencias técnicas cometidas por el actuario encargado de las notificaciones en el estado de Tabasco. La juez Osorno Arroyo determinó la nulidad de los emplazamientos realizados el pasado catorce de julio debido a que el funcionario judicial omitió la descripción precisa de la documentación entregada, una irregularidad que retrasa potencialmente hasta por un mes el curso de la causa legal sobre los activos remanentes.
El capital bajo sospecha de procedencia ilícita
La fiscalía mantiene su postura de incautación sobre el conjunto de cuentas bancarias vinculadas al entorno directo del exsecretario, las cuales se encuentran distribuidas en diversas instituciones bancarias como Banorte, BBVA Bancomer y Santander, totalizando 853 mil pesos adicionales a los activos del principal implicado. De esta suma acumulada, el grueso de los recursos, equivalentes a 755 mil pesos, se atribuye a la esposa del exservidor público, mientras que el resto corresponde a los fondos del hermano de este. La investigación central de la Fiscalía General de la República sostiene que estos capitales están intrínsecamente relacionados con actividades ilícitas y delitos de operaciones con recursos de procedencia dudosa, lo que justifica la intervención del aparato judicial federal para resguardar los activos mientras se dirime el proceso penal en curso por las acusaciones de asociación delictuosa, extorsión agravada, peculado y el posible liderazgo de Bermúdez Requena en organizaciones criminales como La Barredora.
(Con información de Proceso)
