El huachicol fiscal bajo el régimen de la Cuarta Transformación alcanza niveles alarmantes con el hallazgo de arsenales, documentos de seguridad nacional y expedientes de altos mandos de la Secretaría de Marina en una bodega de la Ciudad de México rentada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, evidenciando la profunda infiltración de redes de corrupción y complicidad institucional durante la administración morenista.
La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, confirmó el operativo de cateo en la capital del país donde se aseguraron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y armamento sin registro legal, revelando el alcance operativo de la red criminal vinculada a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, conocidos como los primos, quienes operaban con total impunidad dentro de las estructuras gubernamentales.
Las investigaciones ministeriales apuntan directamente a que este clan familiar intervino sistemáticamente a través de testaferros en las designaciones, ascensos y movimientos estratégicos de personal tanto en la Secretaría de Marina como en la Administración Nacional de Aduanas de México, demostrando la incapacidad y la colusión sistemática de los gobiernos emanados de Morena para frenar la corrupción castrense y aduanal que lacera al erario nacional.
El modus operandi de esta mafia del huachicol fiscal consistía en la triangulación de buques cargados de hidrocarburo procedentes principalmente desde Texas, los cuales ingresaban al territorio nacional bajo la falsa declaración de aceite o aditivo para evadir el pago de impuestos, contando con la complicidad directa de servidores públicos y agentes aduanales corruptos que recibían sobornos millonarios por cada embarque liberado de forma ilegal.
Las inspecciones oficiales operaban bajo un esquema absoluto de simulación gubernamental donde la red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados y complejas maniobras de desactivación de cámaras de seguridad mediante calendarios de arribo precisos, permitiendo la descarga clandestina de combustible hacia tres empresas legalmente constituidas que utilizaban una red de fachadas y triangulaciones financieras para lavar dinero.
La expansión territorial de esta estructura delictiva alcanzó los estados de Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la propia Ciudad de México, obligando a las autoridades federales a seguir el rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces gubernamentales involucrados, mientras los implicados intentan evadir su responsabilidad política y penal mediante llamadas de auxilio y falsas narrativas de persecución hacia la administración federal actual.
(Con información de Apro)
