La Fiscalía General de la República confirmó el 29 de octubre que el proceso penal contra el exgobernador Ernesto Ruffo Appel continúa en Toluca, Estado de México, tras una suspensión definitiva otorgada por el Poder Judicial por presunto huachicol fiscal.
La justicia federal congela temporalmente la etapa de juicio oral
La intervención de los tribunales federales frenó de manera momentánea el avance procesal, sin exonerar al exmandatario estatal.
La resolución emitida por la jueza Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México, decretó una suspensión definitiva en el amparo promovido por la defensa del exgobernador bajacaliforniano. Esta medida cautelar dictada a finales de octubre de 2026 no representa una absolución ni desecha los cargos fincados por la Fiscalía General de la República, sino que interrumpe de forma temporal el flujo legal ordinario. Con este recurso jurídico, el procedimiento se congela una vez concluida la etapa intermedia del sistema penal acusatorio, impidiendo que el caso avance hacia la fase de juicio oral hasta que los tribunales federales emitan una sentencia definitiva sobre el fondo del amparo solicitado.
El Ministerio Público federal blinda la continuidad de la indagatoria
La fiscalía federal ratificó que la vinculación a proceso se mantiene firme mientras avanzan las pesquisas sobre hidrocarburos.
Frente a la difusión de la medida cautelar en diversos espacios informativos, la institución encabezada por el fiscal federal emitió un posicionamiento público para aclarar los alcances jurídicos del fallo judicial. La Fiscalía General de la República puntualizó que Ernesto Ruffo Appel continúa formalmente vinculado a proceso por su probable responsabilidad en hechos constitutivos de delitos en materia de hidrocarburos, específicamente en la modalidad de huachicol fiscal. El organismo autónomo subrayó que la investigación ministerial sigue su curso legal ordinario, por lo que las indagatorias subsisten para esclarecer la red de complicidades y deslindar responsabilidades administrativas y penales ante los órganos jurisdiccionales correspondientes.
(Con información de Proceso)
