La Fiscalía General de la República confirmó formalmente en octubre de 2026 que Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga no enfrenta indagatorias federales ni vínculos en expedientes por tráfico de armas, según revelaron documentos ministeriales emitidos tras una denuncia por falsificación.
La exoneración oficial en expedientes de la delincuencia organizada
La Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo descartó cualquier indagatoria contra el empresario y las firmas de seguridad privada.
Mediante el oficio FEITATA-A-EILI-C6-139/2026, la unidad adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada determinó que ni Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga, ni las empresas Serprosep y Armour King, figuran como investigados, imputados o víctimas dentro de la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024. Este primer posicionamiento institucional, emitido el 13 de octubre de 2026, zanjó las especulaciones sobre supuestas pesquisas federales en su contra por delitos de acopio y tráfico de armamento. La Policía Federal Ministerial respaldó esta versión el 27 de octubre de 2026 mediante un segundo informe que extendió la inexistencia de registros ministeriales a Óscar Humberto Bistrain Tenorio y Christian Pablo Varela Escobedo, blindando la legalidad de los implicados frente a los señalamientos públicos previos.
El origen de la trama y la circulación de documentos apócrifos
Una denuncia de la Secretaría Anticorrupción destapó un esquema de extorsión basado en oficios falsificados.
Los informes de la fiscalía forman parte de las diligencias ministeriales detonadas por la circulación de un oficio apócrifo que ostentaba indebidamente los logotipos institucionales y la firma autógrafa de Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La denuncia formal que dio origen al expediente la presentó Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, director general de Asuntos Penales Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad, en agosto de 2026. El mecanismo ilícito consistía en la simulación de revisiones administrativas y procedimientos sancionadores contra las empresas Serprosep y Armour King, además de cuatro personas físicas, exigiendo pagos monetarios a cambio de frenar supuestas sanciones que fraudulentamente se atribuían a dependencias federales, lo que obligó al Ministerio Público Federal a desplegar acciones de esclarecimiento sobre el uso ilegal de la identidad institucional.
(Con información de FGR)
