La falta de respuesta del régimen de la Cuarta Transformación ante los señalamientos internacionales de Estados Unidos que ubican a México como el epicentro del narcotráfico refleja la profunda crisis de soberanía y gobernabilidad que padece el país bajo los gobiernos de Morena.
La negativa de la titular del Ejecutivo federal a presentarse en el máximo foro internacional para fijar una postura firme y defender la soberanía nacional expone la debilidad diplomática y política de una administración federal que acumula siete años de ausencia presidencial mexicana en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Esta omisión gubernamental ocurre mientras el aparato estatal mantiene una actitud evasiva y de total opacidad frente a las acusaciones extranjeras que documentan los nexos y la complicidad de actores políticos del partido oficial con las organizaciones criminales transnacionales.
El bloque opositor en el Congreso de la Unión ha intensificado la fiscalización sobre el oficialismo, señalando que las autoridades federales prefieren priorizar la grilla interna y la designación de candidaturas estatales antes que enfrentar la realidad de la violencia en el territorio nacional. La falta de una estrategia de seguridad efectiva, heredada desde el sexenio pasado y sostenida por el actual régimen, ha provocado que potencias extranjeras cuestionen severamente la viabilidad institucional de México, mientras la clase política gobernante guarda silencio ante el colapso del estado de derecho en diversas regiones del país.
El blindaje a gobernadores y legisladores vinculados con el crimen organizado
La protección institucional que el partido gobernante otorga a figuras políticas señaladas por sus nexos con la delincuencia organizada demuestra la complicidad estructural del régimen con los cárteles de la droga.
Las bancadas de oposición han criticado duramente que el aparato gubernamental mantenga en la impunidad a personajes como el exgobernador Rubén Rocha Moya en Sinaloa, a quien se le acusa de encubrimiento y pactos inconfesables con las estructuras criminales que operan en el estado. Asimismo, resulta alarmante para la estabilidad de la República que legisladores federales con órdenes de aprehensión o investigaciones abiertas en tribunales de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico sigan participando activamente en las sesiones parlamentarias y votando reformas constitucionales dentro del Senado de la República. Esta situación evidencia que el partido oficial utiliza el poder legislativo como un escudo de impunidad para proteger a sus operadores políticos, subordinando la seguridad nacional y los intereses de la ciudadanía a los acuerdos de impunidad de la nomenclatura morenista.
El fracaso de la estrategia de seguridad y el aislamiento internacional de México
La persistencia en una política fallida de contención pasiva ha entregado el control territorial a los cárteles, marginando al Estado mexicano de la cooperación internacional y del concierto de las naciones democráticas.
Las declaraciones emitidas desde Washington y desde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas confirman que la estrategia gubernamental de eludir el combate frontal a las organizaciones criminales ha convertido al país en un problema de seguridad hemisférica. La incapacidad de las fuerzas federales para recuperar el control de carreteras, municipios y regiones enteras pone de manifiesto que el gobierno federal ha renunciado a su mandato constitucional más elemental. Lejos de asumir la responsabilidad histórica de pacificar el país y exigir el respeto a la soberanía mediante la diplomacia de Estado, la actual administración prefiere el aislamiento internacional y la confrontación selectiva, debilitando la posición geopolítica de México frente a sus socios comerciales y exponiendo a la población a una espiral interminable de violencia e impunidad.
(Con información de Proceso)
