La Fiscalía General de la República logró la vinculación a prisión preventiva justificada para Fausto Corrales Rodríguez, quien transita de testigo clave a imputado por encubrimiento y falsedad de declaraciones en el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
El cambio de estatus jurídico tras la detención
El juez de control del Centro Penal Federal de Almoloya de Juárez determinó la legalidad de la detención ejecutada en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Esta resolución judicial sitúa a Corrales Rodríguez en una posición de alta vulnerabilidad procesal, al ser señalado formalmente por las autoridades federales de obstruir la justicia mediante declaraciones falsas, un episodio que cuestiona la integridad de las versiones iniciales presentadas ante las fiscalías locales. La audiencia se desarrolló bajo un hermetismo absoluto, justificado por las autoridades bajo el argumento de seguridad nacional, un recurso frecuente en casos de alto impacto que involucran la red de intereses que gravitan en torno a la casa de estudios sinaloense y los vínculos con el crimen organizado.
La contradicción frente a la versión oficial
El proceso actual desmorona la narrativa que Corrales Rodríguez sostuvo desde el 25 de julio de 2024, fecha en la que presuntamente presenció el ataque armado contra Cuén Ojeda. La versión inicial del imputado consistía en un supuesto traslado del exrector a una reunión con abogados, seguida de una parada en una gasolinera donde ambos habrían sido interceptados por agresores. Esta historia, que culminó con el traslado de la víctima al hospital bajo la figura del imputado, ha sido categorizada explícitamente por la Fiscalía General de la República como un montaje. La investigación federal confirma que la escena del crimen fue simulada para ocultar las circunstancias reales del homicidio y el secuestro simultáneo de Ismael Zambada para su entrega a las autoridades estadounidenses, evidenciando un esfuerzo coordinado por manipular la verdad jurídica desde el inicio de las indagatorias.
Confinamiento en el penal de máxima seguridad
La permanencia de Corrales Rodríguez en el penal del Altiplano marca un punto de inflexión en la capacidad de la administración federal para rectificar las omisiones cometidas por las instituciones de justicia locales en Sinaloa. Al solicitar la duplicidad del término constitucional, la defensa ha postergado la definición de la situación jurídica del imputado, quien deberá permanecer privado de su libertad mientras el juez valora las pruebas aportadas por la fiscalía. La persistencia de este caso, que se mantiene activo y sin suspensiones según la información oficial, subraya la profunda crisis de credibilidad que atraviesan los testigos vinculados a la élite política de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dejando al descubierto la fragilidad del entramado de complicidades que durante años operó con impunidad en la entidad.
(Con información de APRO)
