El Instituto Nacional de Estadística y Geografía confirmó que la extorsión se consolidó como el ilícito de mayor incidencia contra el sector privado mexicano durante 2025, al concentrar 26.2% de los delitos registrados a nivel nacional en diversos municipios.
La extorsión telefónica concentra el mayor porcentaje de las agresiones registradas por el Inegi.
Durante el año pasado, se estimó un total de 787,000 extorsiones cometidas en contra de unidades económicas en territorio nacional, de las cuales el 91% se perpetró por vía telefónica. Este ilícito alcanzó una tasa de 1,467 casos por cada 10,000 establecimientos, posicionándose como la principal problemática en 17 entidades federativas, con mayor afectación en micro y pequeñas empresas. En total, 1.4 millones de unidades económicas fueron víctimas de al menos un delito, representando el 25.9% de los establecimientos del país.
El impacto financiero de la delincuencia asciende a miles de millones de pesos.
El costo económico derivado de la inseguridad y la delincuencia escaló hasta los 115,100 millones de pesos al cierre de 2025, equivalentes al 0.46% del Producto Interno Bruto nacional, con un promedio de 44,560 pesos por cada unidad económica afectada. Del monto total, 58,900 millones de pesos se destinaron exclusivamente a medidas preventivas como la instalación de alarmas, cámaras de videovigilancia y rejas, mientras que el resto representó pérdidas directas. Por sectores, la industria experimentó el mayor costo promedio con 90,298 pesos, seguida por el comercio y los servicios.
La impunidad y la cifra negra inhiben las denuncias ante las autoridades competentes.
El escenario de procuración de justicia mostró un deterioro severo, pues la cifra oculta de delitos alcanzó el 91.8%, lo que significa que casi nueve de cada 10 ilícitos no derivaron en una carpeta de investigación. Únicamente el 9.9% de los casos fue denunciado formalmente. Las causas atribuibles a las instituciones, tales como trámites largos, desconfianza y pérdida de tiempo, motivaron que el 58.9% de las empresas decidiera no reportar las agresiones sufridas ante las instancias correspondientes.
(Con información del Inegi)
