El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México ratificó la suspensión definitiva otorgada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, paralizando temporalmente la etapa intermedia del juicio donde se le imputan los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
El revés jurídico contra la Fiscalía General de la República
La resolución judicial desestima los argumentos presentados por la representación social al declarar infundado el recurso de queja interpuesto por la Fiscalía General de la República.
La unanimidad del cuerpo colegiado permitió confirmar la decisión del juez Marcelino Niño Jiménez, quien previamente había determinado la procedencia de la suspensión definitiva en favor del exmandatario. El magistrado Jorge Mario Montellano Iturralde detalló durante la exposición de la sentencia que los agravios expuestos por el Ministerio Público carecían de sustento técnico al limitarse a términos genéricos de orden público, los cuales ya fueron considerados por el legislador al redactar la Ley de Amparo vigente. Esta determinación impide que la etapa intermedia del juicio avance, manteniendo el procedimiento en pausa hasta que se resuelva el fondo de la demanda de amparo presentada por la defensa de Ruffo Appel.
Antecedentes del proceso judicial en el Estado de México
El origen del litigio se remonta al pasado 23 de julio, cuando la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al penal de Almoloya de Juárez, dictó el auto de vinculación a proceso contra el exgobernador y siete coacusados.
La imputación formal que sostiene la autoridad ministerial se fundamenta en la presunta comisión de delitos de alto impacto como el contrabando de hidrocarburos y la delincuencia organizada. La estrategia legal emprendida por Ernesto Ruffo Appel ha logrado activar los mecanismos de protección constitucional previstos en la Ley de Amparo, forzando un estancamiento en la acción penal que pretendía ser ejecutada por las instituciones federales bajo la actual administración. Mientras los tribunales deliberan sobre el fondo del amparo, el proceso penal principal permanece inhabilitado, representando un nuevo episodio de tensión entre los alcances de la Fiscalía General de la República y la autonomía del Poder Judicial en la resolución de casos de relevancia política y social en el país.
(Con información de El Economista)
