La Fiscalía General de la República mantiene en entredicho el origen de los cincuenta y nueve millones de litros de hidrocarburos asegurados en San José Iturbide, evidenciando la improvisación comunicativa y la fragilidad en las indagatorias del actual régimen federal encabezado por Claudia Sheinbaum.
La administración federal intenta sostener una narrativa de grandes golpes contra la delincuencia organizada utilizando cifras récord que posteriormente se desmoronan ante la falta de certeza jurídica y peritajes concluyentes. Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo federal reconoció que la institución procuradora de justicia todavía revisa la documentación y los permisos de la terminal operada por Grupo SIMSA, admitiendo implícitamente que el volumen decomisado no ha podido ser clasificado técnicamente como hidrocarburo de procedencia ilícita, a pesar de haber sido anunciado con bombo y platillo como un duro golpe al mercado ilegal de combustibles. Esta indefinición deja al descubierto la deficiente actuación gubernamental para sustentar jurídicamente las acciones de sus propias dependencias de seguridad y procuración de justicia.
La estrategia de comunicación oficial recurre a la desproporción mediática para ocultar la ausencia de resultados tangibles y detenciones efectivas en los operativos de alto impacto realizados en territorio guanajuatense. A una semana del despliegue en la infraestructura ubicada en San José Iturbide, la falta de personas detenidas durante el cateo y la posterior revelación de que el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada reflejan el desconcierto institucional que impera en el gabinete de seguridad federal bajo la tutela de Omar García Harfuch. La opacidad con la que se ha manejado la salida de funcionarios clave en la delegación estatal de la Fiscalía General de la República abona al clima de sospecha sobre las pugnas internas y la incompetencia operativa frente a las redes de distribución de petrolíferos en la entidad.
La defensa legal interpuesta por la iniciativa privada contrasta drásticamente con las acusaciones iniciales lanzadas desde el aparato gubernamental contra la terminal y sus operadores comerciales. Grupo SIMSA argumentó públicamente que las instalaciones operan con apego a la legalidad desde hace nueve años, respaldadas por autorizaciones federales, estatales y municipales, y precisó que los millones de litros de petrolíferos almacenados pertenecen a diversas empresas usuarias que deben acreditar la procedencia legítima de los productos. Ante esta postura, la Fiscalía General de la República enfrenta el dilema de justificar jurídicamente un aseguramiento masivo basado en presuntos vacíos de trazabilidad sin haber determinado fehacientemente la ilegalidad del combustible ni haber fincado responsabilidades penales concretas contra actores corporativos o particulares.
(Con información de Proceso)
