El secretario Mario Delgado anunció acuerdos con estados para potenciar la educación pública. Fondos federales y estatales se canalizan a escuelas y personal docente, excluyendo sindicatos, para atender el rezago y asegurar servicios educativos.
Impulso a la educación: acuerdos clave con entidades
La Secretaría de Educación Pública (SEP) consolidó acuerdos con autoridades estatales y magisteriales para reforzar la atención al rezago educativo y la continuidad de los servicios escolares.
Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, comunicó la consecución de acuerdos tras mesas de trabajo sostenidas con autoridades educativas y representantes magisteriales de diversas entidades federativas. Dichos convenios buscan robustecer la atención del rezago educativo y garantizar la continuidad de los servicios escolares, impactando directamente en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Los recursos implicados en estos pactos provienen tanto de fondos federales como estatales.
Canalización directa de recursos: exclusión de sindicatos
Los fondos federales y estatales se destinan exclusivamente al fortalecimiento de las escuelas públicas y la resolución de incidencias laborales, no a representaciones sindicales.
El destino primordial de estos recursos es atender necesidades educativas específicas de cada entidad. Queda explícitamente establecido que no se entregan a organizaciones ni representaciones sindicales. Su foco reside en el reforzamiento de las escuelas públicas y la atención de incidencias laborales del personal educativo. Mario Delgado subrayó que “ni un solo peso pasa por los líderes ni dirigencias”, detallando que los fondos se aplican directamente en:
- Contrataciones y recontrataciones de personal.
- Recategorizaciones y basificaciones laborales.
- Compactación de horas.
- Otras incidencias inherentes a la operación educativa por entidad federativa.
El objetivo central de esta estrategia es asegurar que ninguna escuela carezca de maestras o maestros, cubrir las necesidades académicas en preescolares, primarias, secundarias y secundarias técnicas, e impulsar una mayor cobertura y justicia laboral, afianzando el derecho a la educación de todos los estudiantes.
Continuidad y priorización en Oaxaca, Chiapas y Zacatecas
Acuerdos en Oaxaca, Chiapas y Zacatecas garantizan la continuidad de programas existentes, abordando necesidades urgentes con certeza laboral y estímulos legales.
En el caso específico de Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, los acuerdos establecidos dan seguimiento a programas de trabajo y esquemas de apoyo ya operativos desde el año anterior. Estos pactos tienen metas orientadas a la resolución de las necesidades más urgentes y prioritarias, proporcionando certeza laboral y los estímulos previstos por ley, sin generar privilegios o prerrogativas especiales.
Mecanismos técnicos para la asignación de fondos
La asignación de recursos federales y estatales se basa en diagnósticos ocupacionales y educativos, priorizando zonas de alta vulnerabilidad.
Los recursos, combinaciones de aportaciones federales y estatales, se pactan a lo largo del año. Su distribución se fundamenta en diagnósticos ocupacionales y educativos precisos, que identifican la carencia de docentes, escuelas o servicios educativos. El proceso se rige por criterios técnicos y de planeación, asignando prioridad a las zonas de mayor pobreza, siempre en concordancia con la viabilidad técnica, jurídica y presupuestal.
Compromiso SEP con la educación pública y laboral
La Secretaría analizará responsablemente las solicitudes de otros grupos magisteriales, priorizando necesidades y viabilidad bajo un compromiso de justicia laboral.
Mario Delgado señaló la existencia de diversas solicitudes presentadas por grupos de maestros de otras entidades del país. La revisión de estas peticiones se efectuará de forma responsable, conforme a los procedimientos establecidos. Cada planteamiento será objeto de análisis riguroso, considerando sus necesidades, viabilidad técnica y jurídica, y la disponibilidad presupuestal, con el compromiso invariable de fortalecer la educación pública y la justicia laboral.
