El gobierno de Donald Trump intensifica la presión sobre instituciones financieras para erradicar la presencia de clientes sin permiso de residencia, utilizando la gestión de riesgo crediticio como instrumento para bloquear el acceso al sistema bancario estadounidense.
El mecanismo de presión sobre el sector financiero
Las agencias reguladoras emitirán directrices que obligan a los bancos a endurecer sus protocolos de verificación bajo el pretexto de riesgos crediticios asociados a la deportación.
La ofensiva regulatoria, programada para este lunes, involucra a tres entes clave que dictan la política bancaria en Estados Unidos:
- Oficina del Contralor de la Moneda: Supervisa el cumplimiento de las normativas vigentes.
- Corporación Federal de Seguro de Depósitos: Evalúa la solvencia y estabilidad de las carteras de crédito.
- Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito: Alinea a las entidades de ahorro popular bajo los mismos criterios de exclusión.
El argumento central de la administración es que la deportación inmediata de un prestatario constituye un riesgo financiero inaceptable para los bancos. Aunque no existe una orden directa de expulsión, el mensaje a las instituciones es claro: mantener a estos clientes es una negligencia en la gestión de sus activos.
Escalada normativa tras la orden ejecutiva de mayo
La presión actual deriva de la orden ejecutiva firmada por Trump en mayo, que exige un escrutinio exhaustivo sobre la ciudadanía de los usuarios financieros.
Este mandato institucional ha provocado cambios estructurales en la operativa bancaria, enfocados en la detección de indicios de estatus migratorio irregular durante los procesos de apertura de cuentas, solicitudes de préstamos y emisión de tarjetas de crédito. Los reguladores han solicitado explícitamente a las entidades financieras:
- Identificar y medir riesgos mediante suscripciones de crédito más estrictas.
- Monitorear el comportamiento de los prestatarios para asegurar la capacidad de pago.
- Controlar las operaciones bajo criterios de seguridad que penalicen cualquier irregularidad en el permiso de trabajo.
Alcance de la vigilancia del Departamento del Tesoro
El brazo de inteligencia financiera de Estados Unidos ha comenzado a centralizar la detección de señales de alerta vinculadas a la contratación de personas sin documentos.
Desde mayo, el FinCEN, brazo del Departamento del Tesoro, emitió advertencias sobre el uso del sistema financiero para actividades que la actual administración clasifica como riesgosas, incluyendo el robo de identidad y el fraude fiscal. El Tesoro ha implementado medidas adicionales para bloquear beneficios, como la reclasificación de créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”.
Esta maniobra afecta directamente a grupos vulnerables y a contribuyentes que, aun cumpliendo con sus obligaciones fiscales, quedan excluidos de derechos básicos. El impacto recae significativamente sobre:
- Beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
- Inmigrantes con Estatus de Protección Temporal.
- Trabajadores que, a pesar de reportar ingresos, son señalados mediante más de una docena de indicadores de alerta definidos por el gobierno federal.
