Disney y su filial ABC interpusieron una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en Estados Unidos para detener la revisión anticipada de las licencias de ocho emisoras, denunciando una táctica de represalia gubernamental contra la libertad de expresión por contenidos informativos y de opinión.
La ofensiva contra la libertad de difusión
La corporación Disney sostiene ante la Corte de Distrito en Washington que la FCC actúa como un instrumento de coacción para sancionar a un medio de comunicación que se niega a subordinarse a las directrices de la administración del presidente Donald Trump. La demanda enfatiza que el organismo regulador ha iniciado procedimientos extraordinarios al revisar licencias que no debían ser examinadas hasta octubre de 2028, una acción que no registraba precedentes de revisión anticipada en el último medio siglo.
Conflicto por la primera enmienda y el control regulatorio
El procedimiento legal iniciado por la cadena señala una violación directa a los derechos constitucionales amparados por la Primera Enmienda, argumentando que el Ejecutivo utiliza la estructura regulatoria para castigar el trabajo periodístico y los puntos de vista emitidos en sus programas. La estrategia de la empresa busca obtener una orden de restricción temporal que impida a la autoridad convocar audiencias o proceder con la revocación de permisos, bajo el argumento de que la administración ha atacado sistemáticamente la independencia editorial de la cadena tras las presiones constantes del presidente Trump para retirar programas críticos o de humor que resultan incómodos para su gobierno.
La postura de la autoridad reguladora
Brendan Carr, presidente de la FCC, ordenó estas revisiones técnicas en abril del presente año, ignorando los calendarios estandarizados de renovación administrativa. Ante la proximidad de posibles acciones adicionales por parte de la comisión tras el cierre del periodo de comentarios públicos a inicios de agosto, Disney solicita la intervención judicial urgente para frenar lo que califica como un uso abusivo del poder estatal para doblegar el ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación estadounidenses.
(Con información de Reuters)
