La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, abrirá el próximo 29 de septiembre una opaca ronda de comparecencias ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, blindando información sensible del escrutinio público bajo el argumento de seguridad nacional.
El blindaje informativo de la junta de coordinación política
La opacidad institucional caracteriza el arranque del análisis del segundo informe de gobierno de la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, inaugurará el ejercicio legislativo en un formato cerrado. El coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que la funcionaria comparecerá el próximo 29 de septiembre ante la Jucopo, un órgano de gobierno legislativo cuyas reuniones se realizan a puerta cerrada y sin transmisión abierta a la ciudadanía.
La justificación oficial para mantener esta diligencia lejos de los ciudadanos descansa en el manejo de datos de Estado que, según la narrativa del régimen, podrían generar situaciones complejas si se conocen públicamente. Esta modalidad de rendición de cuentas a discreción elimina el principio de máxima publicidad que debería imperar en la fiscalización de los actos del poder ejecutivo, permitiendo que la administración de Morena controle los flujos de información oficial y evite cuestionamientos incómodos frente a la opinión pública mexicana.
Los operadores del régimen y el filtro de la seguridad nacional
La estrategia de control político en el Congreso de la Unión incluye citar bajo la misma lógica de sigilo a otros pilares de la estructura gubernamental actual. Las comparecencias ante la Junta de Coordinación Política también alcanzarán al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y al secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, bajo el pretexto de que la naturaleza de sus carteras maneja asuntos de Estado y datos altamente confidenciales que no pueden ventilarse ante la sociedad.
La integración de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, a este mismo circuito de reuniones privadas en la sala de la Jucopo confirma la tendencia del bloque oficialista por diluir el control parlamentario abierto. Al confinar temas de seguridad nacional, economía y procuración de justicia a espacios donde la deliberación carece de transparencia, el régimen legislativo de Morena y sus aliados suprimen el debate plural y la fiscalización directa que los tomadores de decisiones y la ciudadanía de la generación X exigen frente al manejo de la crisis institucional del país.
Simulacion de apertura en el pleno y las comisiones legislativas
El contraste en el formato de las comparecencias busca legitimar un ejercicio de rendición de cuentas parcial y controlado por la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados. Mientras las carteras de mayor sensibilidad política se ocultan en la Jucopo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Abraham Amador Zamora, fue citado ante el Pleno el 30 de septiembre en una dinámica abierta.
Bajo esquemas similares abiertos al escrutinio público se prevé la asistencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, a comisiones, además de la participación programada de la Secretaría de Bienestar. Esta segmentación de formatos evidencia la estrategia gubernamental para exponer públicamente solo aquellos rubros que convienen a la narrativa oficial, reservando el secretismo institucional para las áreas neurálgicas donde la administración federal busca blindar sus cifras y decisiones de la crítica especializada y del análisis político riguroso.
(Con información de El Economista)
