El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas determinó que el encarcelamiento del expresidente peruano Pedro Castillo contravino normativas internacionales, exigiendo su liberación inmediata y una compensación económica por las violaciones a sus derechos humanos.
El veredicto del organismo internacional
La instancia de la ONU concluyó que la privación de libertad de Pedro Castillo carece de base legal y careció de garantías judiciales.
El dictamen, emitido el 4 de junio y revelado en julio de 2026, sostiene que el Estado peruano vulneró disposiciones clave:
- Declaración Universal de Derechos Humanos: Violada por las condiciones de la detención.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Incumplido al negar un juicio con garantías plenas.
- Falta de justificación: El grupo cuestionó la ausencia de argumentos individualizados para mantener la prisión preventiva.
Exigencias de reparación y rendición de cuentas
El organismo internacional solicita al Gobierno peruano una investigación exhaustiva sobre el actuar de las autoridades responsables de la privación de libertad.
Las recomendaciones incluyen:
- Libertad inmediata: Exigencia de poner fin al encierro del exmandatario.
- Indemnización: Otorgar el derecho efectivo a una reparación económica conforme al derecho internacional.
- Investigación independiente: Esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la detención.
- Seguimiento: Entrega de un informe con las medidas adoptadas en un plazo no mayor a seis meses.
La situación procesal tras la condena
Castillo, recluido en el penal de Barbadillo, recibió una sentencia de 11 años y 4 meses el 27 de noviembre de 2025 por conspiración para la rebelión tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
El estatus legal actual presenta las siguientes particularidades:
- Rechazo de indultos: Seis peticiones presentadas por la defensa han sido negadas bajo el argumento de que el proceso judicial permanece abierto por apelaciones.
- Nueva solicitud: El 25 de junio ingresó una petición de gracia presidencial que, según el ministro de Justicia, Luis Jiménez, se encuentra bajo revisión técnica.
- Argumento legal: La defensa invoca una facultad constitucional que permitiría la gracia para personas sin sentencia firme, a pesar de la condena dictada previamente por el tribunal.
Exhorto del exmandatario ante el Estado peruano
Desde su reclusión, Castillo instó a las autoridades peruanas a cumplir con el mandato de la ONU, calificando la omisión como una señal de rebeldía estatal.
El exjefe de Estado sostiene que el incumplimiento del dictamen ratifica una persecución política sistemática. La administración de justicia en Perú enfrenta ahora la presión internacional de acatar un fallo que cuestiona la legitimidad del encarcelamiento, colocando a las instituciones nacionales en un escenario de tensión diplomática y jurídica ante organismos de derechos humanos.
