CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (XPFM).- Durante el análisis del Segundo Informe de Gobierno en materia de política económica y social, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN contrastaron las cifras presentadas por el Gobierno Federal con una realidad marcada por el crecimiento de la deuda, casos de corrupción y deficiencias en servicios fundamentales como salud, educación y energía.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, José Elías Lixa Abimerhi, señaló que la discusión debe centrarse en los resultados que reciben las familias y no solamente en cuánto gasta el Gobierno: “Más deuda, corrupción y hospitales sin medicamentos no pueden presentarse como bienestar”.
En materia económica, el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres cuestionó un endeudamiento previsto para 2027 de alrededor de 1.7 billones de pesos, particularmente cuando se reducen recursos en sectores estratégicos como energía. Advirtió que los recortes en CFE, transmisión eléctrica y exploración de Pemex ocurren mientras distintas regiones enfrentan problemas de generación y apagones.
“México no necesita administrar estancamiento, necesita crecer, producir y generar empleos dignos”, sostuvo Rodríguez Torres, quien planteó impulsar una agenda solar para promover energías limpias y fortalecer la generación y distribución eléctrica.
La diputada Genoveva Huerta Villegas afirmó que un Informe de Gobierno debe ser un ejercicio de rendición de cuentas y no un acto de propaganda. Advirtió que el crecimiento de la deuda pública y su costo financiero compiten con recursos que podrían destinarse a escuelas, medicinas y seguridad.
Además, exigió esclarecer el impacto del llamado huachicol fiscal, conocer el daño real al erario e identificar a las empresas involucradas, funcionarios responsables y beneficiarios finales, para evitar que los casos de corrupción queden impunes.
En materia social, la diputada Elisa Paola Zamora Ramírez advirtió que gastar más no significa necesariamente gastar mejor. Señaló que una transferencia económica pierde capacidad para combatir la pobreza cuando las familias deben utilizar esos recursos para comprar medicamentos que deberían recibir gratuitamente en las instituciones públicas.
Zamora Ramírez sostuvo que las becas tampoco sustituyen a un buen maestro, una escuela digna ni aprendizajes de calidad, por lo que planteó acompañar las transferencias con mejores servicios de salud y educación, vivienda, empleo formal y oportunidades de desarrollo.
Por su parte, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba advirtió que las transferencias económicas no pueden presentarse como sinónimo de bienestar mientras millones de mexicanos enfrenten carencias en el acceso a servicios de salud, problemas de abasto de medicamentos y deficiencias en la atención médica.
“Un gobierno que deposita dinero, pero obliga a la familia a comprar la medicina que no encontró en la clínica no ha garantizado el bienestar”, afirmó.
Ramírez Barba propuso fortalecer la evaluación y fiscalización de los programas sociales mediante un padrón social único y auditable, evaluaciones independientes y un financiamiento sanitario que garantice el acceso efectivo a medicamentos, además de recuperar aprendizajes e infraestructura educativa y avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados.
El Diputado federal concluyó afirmando que los programas sociales deben preservarse como derechos y políticas públicas, pero acompañados de transparencia, evaluación y servicios que funcionen. Más deuda y más gasto,señalaron, no pueden presentarse como resultados mientras las familias sigan pagando de su bolsillo las consecuencias de servicios públicos deficientes.
