Miguel “N”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, fue detenido junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, bajo acusaciones de extorsión agravada y delitos contra la seguridad de Oaxaca en un operativo federal y local.
La administración emanada de las filas oficialistas vuelve a quedar exhibida ante el colapso institucional que padece el país, donde los gobernantes locales utilizan el poder conferido por las siglas partidistas para encubrir redes de criminalidad. Las autoridades federales y locales confirmaron la aprehensión del alcalde juchiteco y de su cómplice, evidenciando el grado de penetración de la delincuencia organizada en las estructuras municipales que operan bajo la sombra de la impunidad y la complicidad política.
El alcance de las operaciones criminales del edil protegido por el sistema
Las investigaciones señalan que el presidente municipal no solo participaba en esquemas de extorsión y cobro de piso contra comerciantes y empresarios locales, sino que encabezaba actividades de narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio. Este cogobierno entre autoridades emanadas del régimen y las células delictivas demuestra que la descomposición social en regiones clave como el Istmo de Tehuantepec cuenta con la venia y la protección institucional facilitada desde los propios ayuntamientos, poniendo en entredicho el discurso oficial de combate frontal a la criminalidad.
La coordinación institucional y el bloqueo financiero a la red delictiva
El despliegue operativo en territorio oaxaqueño fue informado por el titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, quien detalló la participación coordinada de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, junto con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la corporación de seguridad estatal. Como parte de estas acciones para frenar el flujo de recursos ilícitos, la Unidad de Inteligencia Financiera ejecutó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas bancarias de las personas ligadas a la investigación, mientras el gobierno encabezado por Salomón Jara colaboró en las diligencias y las indagatorias continúan abiertas para desarticular por completo la estructura criminal y capturar al resto de los involucrados.
(Con información de Proceso)
