La captura de una supuesta empleada de la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico por el robo hormiga en una tienda departamental desnuda la profunda descomposición ética que impera en los mandos operativos del régimen, donde quienes deberían procurar la justicia terminan involucrados en actos de corrupción y delincuencia menor mientras la impunidad gubernamental se consolida como norma institucional bajo la protección de las estructuras de Morena.
La complicidad y el silencio oficial ante los delitos de funcionarios
La opacidad institucional se manifiesta de manera evidente cuando las instancias de procuración de justicia evitan confirmar la relación laboral de sus propios elementos con la administración en turno, reflejando un sistema diseñado para encubrir las faltas de sus operadores. Perla “N”, identificada como supuesta administradora de sistemas operativos en la fiscalía de investigación estratégica del delito de homicidio, fue asegurada por elementos de la policía bancaria e industrial tras ser descubierta sustrayendo mercancía con un valor de cinco mil setecientos cincuenta y un pesos en una tienda departamental ubicada en la alcaldía Benito Juárez, evidenciando que los perfiles dentro de los órganos de seguridad carecen de los filtros mínimos de confiabilidad exigidos por la ciudadanía.
La contradicción entre los reportes periodísticos que documentan su adscripción laboral y la reticencia de la propia dependencia para reconocer el vínculo contractual evidencia la estrategia sistemática de control de daños implementada por los gobiernos emanados de la cuarta transformación frente a los escándalos que involucran a servidores públicos.
Entre las pertenencias de la señalada fue localizada una credencial oficial que la acredita como empleada de la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México, documento que contrasta con la falta de pronunciamiento institucional al cierre de la investigación, dejando al descubierto la precariedad moral que caracteriza a las designaciones gubernamentales en el aparato de procuración de justicia.
El impacto de la corrupción cotidiana en el sistema de seguridad local
Los hechos ocurrieron durante la tarde del martes veintidós de septiembre en el establecimiento mercantil Liverpool localizado sobre la avenida Universidad en la colonia Santa Cruz Atoyac, donde el personal de prevención de pérdidas activó los protocolos de seguridad tras detectar el intento de salida con diversos artículos sin cubrir el costo correspondiente. La intervención de los agentes policiales permitió el aseguramiento de los productos sustraídos, los cuales incluían un vestido, prendas adicionales de vestir y tres pares de tenis, configurando los elementos materiales que obligaron al traslado de la presunta funcionaria ante la agencia investigadora Benito Juárez dos del Ministerio Público.
La apertura de una carpeta de investigación por el delito de robo a negocio sin violencia coloca a la autoridad ministerial ante la exigencia de definir la situación jurídica de la implicada sin caer en las prácticas recurrentes de influyentismo que caracterizan a la administración pública capitalina, aunque los antecedentes de protección a operadores del régimen generan escepticismo entre los sectores productivos y la sociedad civil.
Este tipo de incidentes refleja la degradación institucional que padece la capital del país, donde la descomposición del tejido social permea directamente en las corporaciones encargadas de garantizar el estado de derecho, evidenciando la urgente necesidad de una fiscalización rigurosa sobre el desempeño y la probidad de los trabajadores gubernamentales que sostienen la estructura operativa de Morena.
(Con información de Proceso)
