Cuatro organizaciones defensoras de los derechos humanos interpusieron una demanda contra Donald Trump para impugnar las sanciones impuestas a integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que obstruyen el acceso a la justicia global.
El impacto de las medidas punitivas en el derecho internacional
La administración estadounidense busca inhabilitar el funcionamiento del tribunal mediante restricciones financieras y migratorias directas.
- Prohibición de viaje: Los jueces y fiscales sancionados tienen vetado el ingreso a territorio estadounidense.
- Congelamiento de activos: La medida incluye el bloqueo total de cualquier recurso financiero bajo jurisdicción de Estados Unidos.
- Alcance del decreto: La orden ejecutiva, firmada por Trump en febrero de 2025, afecta a 8 jueces, 3 fiscales, un experto de la ONU y 3 organizaciones de derechos humanos.
Fundamentos jurídicos de la demanda
Las organizaciones demandantes argumentan que las sanciones contravienen principios constitucionales fundamentales y el orden jurídico global.
- Violación de la primera enmienda: Se alega que las represalias contra el personal de la CPI vulneran las protecciones a la libertad de expresión.
- Abuso de autoridad: La querella, presentada en Nueva York, califica las acciones como un ataque directo a la independencia judicial y al estado de derecho.
- Daño al sistema: El documento sostiene que existe un perjuicio irreparable en la capacidad de procesar crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
Los actores clave en el litigio
El expediente señala a altos funcionarios de la administración Trump como responsables directos de la ejecución de estas medidas.
- Donald Trump: Presidente de Estados Unidos y firmante de la orden ejecutiva.
- Marco Rubio: Secretario de Estado.
- Scott Bessent: Secretario del Tesoro.
- Todd Blanche: Fiscal general.
- Bradley Smith: Director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Antecedentes y postura de washington ante la CPI
La animadversión estadounidense hacia la Corte Penal Internacional no es exclusiva del actual gobierno, pero ha escalado bajo la presente administración.
Estados Unidos, al igual que Israel y Rusia, no es signatario del Estatuto de Roma. Washington sostiene que el tribunal representa una amenaza para su soberanía nacional, utilizando como pretexto las investigaciones sobre abusos en Afganistán y las órdenes de aprehensión contra Benjamín Netanyahu por la guerra en Gaza. El Departamento de Estado ha comunicado su intención de presionar a otras naciones para que retiren su apoyo financiero y diplomático al organismo con sede en La Haya.
