La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó este jueves convocar comicios a corto plazo desde Caracas, al argumentar que el horizonte político nacional no se mide por una fecha en el calendario sino por una secuencia de objetivos democráticos.
La hoja de ruta institucional descarta plazos electorales inmediatos y prioriza la estabilidad.
La mandataria venezolana recalcó en un mensaje televisado a la nación que su propósito central consiste en lograr una transformación política, económica, cultural, espiritual y democrática que sea ordenada y verificable, con la finalidad de conducir al país hacia un verdadero renacer institucional. Subrayó que un anuncio de esta naturaleza no adquiere valor por lo que promete en abstracto, sino estrictamente por lo que se cumple en la práctica gubernamental. En este sentido, defendió que la nación dispone de una hoja de ruta específica para responder con solvencia a las exigencias del contexto actual, tras un prolongado periodo histórico en el cual el país permaneció dividido en trincheras, con la política y la economía reducidas a campos de batalla permanentes.
El proceso comicial se condiciona a garantías de convivencia y participación equitativa.
El horizonte político de Venezuela, de acuerdo con la postura expresada por la titular del Ejecutivo provisional, no se supedita a una fecha concreta en el calendario, sino que se edifica desde una secuencia de metas indispensables que deben alcanzarse de manera progresiva. Entre estos propósitos mencionó la consolidación de un marco de verdadera convivencia democrática y paz social, una reforma jurídica ordenada, la garantía de condiciones reales de participación justa para la totalidad de las fuerzas políticas del país, y la celebración de unas elecciones concebidas como una solución definitiva y no como un factor generador de conflictos irreconciliables. La funcionaria reiteró que los comicios se celebrarán en el momento oportuno, conforme a los mandatos constitucionales, organizados por una autoridad electoral renovada y con la comunidad internacional como testigo presencial de los procesos.
La legalidad vigente se asume como método para evitar vacíos institucionales y confrontaciones.
La administración interina ha enfatizado que la apelación a la legalidad internacional y nacional no constituye una simple frase retórica, sino un método operativo de estricto cumplimiento para la gobernanza. Venezuela no incurrirá en saltos al vacío, por lo que empleará de manera sistemática las leyes y las instituciones existentes con el propósito de optimizarlas funcionalmente. Este proceso institucional derivará en la conformación de un poder electoral plenamente aceptado por todos los sectores involucrados, lo que permitirá salvaguardar de manera efectiva los derechos de participación ciudadana y las garantías democráticas fundamentales. Estas medidas se adoptan tras los cambios derivados de la llegada de la mandataria al cargo en el pasado mes de enero, como consecuencia de la operación militar ejecutada por Estados Unidos que culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, ambos imputados formalmente en territorio estadounidense.
La reforma judicial penal avanza mediante una consulta nacional con asistencia internacional.
Uno de los ejes prioritarios de la gestión actual radica en la transformación profunda de la justicia y en la aplicación de una ley de amnistía orientada a sanar las heridas acumuladas durante años de polarización social. Actualmente se encuentra en marcha una gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal, diseñada para escuchar a todos los sectores sociales con la meta de construir un sistema judicial más justo, humano, transparente e imparcial. La Asamblea Nacional presentó formalmente una iniciativa de reforma cuyo texto fue declarado constitucional por el Tribunal Supremo, por lo que se ha requerido al órgano legislativo la conducción de un proceso amplio e inclusivo de debates con todos los actores concernidos.
La asistencia técnica de organismos multilaterales respalda los cambios normativos en el sistema penal.
El proceso de modificación legal cuenta con respaldo técnico especializado procedente de organismos internacionales, tras concretar acuerdos específicos con la Unión Europea para recibir asistencia técnica orientada a avanzar en esta dirección normativa. Del mismo modo, el gobierno interino solicitó formalmente la colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para fiscalizar y enriquecer los cambios estructurales. En el plano de las relaciones exteriores, la mandataria reafirmó que el país interactúa con todos los pueblos del mundo bajo los principios rectores de respeto mutuo, diplomacia e igualdad soberana, priorizando el interés nacional para detonar la creación de empleo y optimizar de manera sustancial la prestación de los servicios básicos, tales como el sistema eléctrico nacional.
Se garantiza la protesta pacífica y se instruyen límites estrictos a los cuerpos de seguridad.
Ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, la administración hizo un llamado enérgico para evitar la estigmatización de la imagen de Venezuela, de su gentilicio y de sus procesos de justicia, al tiempo que reivindicó de manera categórica el derecho constitucional a la protesta pacífica. Se garantizó que todas las personas tienen el derecho inalienable a pensar de manera distinta sin albergar temor alguno a sufrir represalias de índole política o administrativa. En concordancia con esta directriz, se giraron instrucciones precisas a los cuerpos de seguridad del Estado para prohibir la detención de cualquier ciudadano sin una orden judicial previa, exceptuando únicamente los casos de flagrante comisión de delito. El ejercicio responsable de la actividad política queda plenamente garantizado para todos los ciudadanos bajo el principio inexcusable del respeto absoluto a la integridad física y moral por parte de los funcionarios policiales y militares.
(Con información de Europa Press)
