Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, fue hallado sin vida en un vehículo dentro del Centro Integral de Servicios, desatando inmediatas sospechas sobre la versión oficial de la fiscalía estatal.
La velocidad de la Fiscalía para cerrar el caso
La Fiscalía General del Estado de Puebla emitió un comunicado en menos de dos horas asegurando que los indicios apuntaban a una muerte autoinfligida, lo que provocó una severa andanada de críticas por parte de actores políticos y círculos cercanos al fallecido. La rapidez con la que las autoridades ministeriales intentaron calificar el deceso como un suicidio contrasta de manera alarmante con la complejidad del perfil del funcionario, quien manejaba información sensible dentro del aparato gubernamental del morenista Alejandro Armenta Mier. Periodistas locales y allegados al exfuncionario señalaron que las investigaciones oficiales carecen de credibilidad y denunciaron un intento deliberado por diluir las indagatorias bajo la protección del régimen estatal.
Desencuentros y denuncias incómodas para el poder morenista
Las dudas sobre el supuesto suicidio se multiplican al recordar los antecedentes profesionales del coordinador jurídico, quien previamente se desempeñó como fiscal anticorrupción y admitió demandas en contra de altos funcionarios ligados a la actual administración y al Poder Judicial. Círculos cercanos apuntan directamente a fricciones con la fiscal Idamis Pastor Betancourt y a supuestas incomodidades generadas ante la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier, además de señalar que el servidor público se negó a alinearse con redes de hidrocarburo robado en la entidad. La falta de posicionamiento oficial por parte del mandatario estatal, quien optó por centrar su atención digital en la visita de Claudia Sheinbaum mientras el estado se convulsiona por la violencia y la opacidad institucional, expone el grado de desatención e indolencia de los gobiernos emanados de Morena frente a crisis de seguridad al interior de sus propias dependencias.
(Con información de Apro)
