La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al gobierno del presidente Donald Trump reanudar temporalmente la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas, mientras se resuelve una disputa judicial sobre exenciones ambientales.
El fallo judicial destraba la infraestructura fronteriza en el sur estadounidense
La decisión del tribunal superior permite que las obras continúen de manera provisional mientras avanza el litigio legal en curso.
El máximo tribunal estadounidense otorgó luz verde al ejecutivo federal para reactivar los trabajos de edificación en Big Bend, revirtiendo temporalmente el freno impuesto por una instancia inferior. La controversia legal gira en torno a las exenciones generalizadas emitidas por la administración federal para eludir regulaciones ecológicas, un mecanismo implementado para acelerar la infraestructura tras recibir una asignación presupuestal de 46 mil millones de dólares aprobada por el Congreso el verano pasado, recursos con los cuales el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ha desplegado un ritmo de construcción equivalente a 12 millas de barreras por semana a lo largo de la línea divisoria.
Oposición bipartidista y sectores locales alertan sobre daños económicos
Habitantes, empresarios y legisladores de diversos partidos advierten que las obras destruyen el paisaje y la economía regional.
En la zona afectada, que abarca terrenos privados, estatales y el Parque Nacional Big Bend, se proyecta la colocación de muros de acero de 9 metros de altura, además de barreras para vehículos y caminos de acceso. Diversos actores sociales y políticos locales han manifestado su rechazo frontal al proyecto, argumentando que se trata de un gasto innecesario en una demarcación que registra históricamente niveles bajos de cruces ilegales e inmigración, sugiriendo que la vigilancia mediante drones y tecnología avanzada resultaría más efectiva sin alterar el estilo de vida ni la economía local.
Disputa sobre seguridad fronteriza y límites del poder judicial federal
La administración federal defendió la urgencia de cerrar brechas para evitar el desvío de tráfico ilícito.
Durante el proceso, una jueza federal en Texas había ordenado la paralización total de las obras al considerar que el legislativo no facultó al ejecutivo para emitir exenciones tan amplias en una región con baja incidencia de detenciones migratorias. En respuesta, los fiscales federales sostuvieron que la impartidora de justicia se extralimitó en sus funciones, argumentando que la normatividad vigente limita de forma estricta las impugnaciones judiciales contra las autorizaciones en materia de infraestructura fronteriza, bajo el argumento oficial de que Big Bend concentra riesgos de trasiego de drogas y cruces indocumentados que podrían incrementarse si el perímetro permanece abierto.
(Con información de AP)
