El régimen de la autodenominada Cuarta Transformación enfrenta su prueba más severa en el ámbito internacional tras revelarse que la Corte Penal Internacional posee elementos para indagar al exmandatario Andrés Manuel López Obrador.
El quiebre institucional y la ruta hacia La Haya
La Corte Penal Internacional en La Haya cuenta con los elementos probatorios suficientes para evaluar la apertura de una investigación formal en contra del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador por una sistemática campaña de persecución y espionaje ilegal contra periodistas y defensores de derechos humanos en México, según determinó un análisis del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Este trabajo académico, encabezado por Lindsay Freeman, establece una ruta de elementos doctrinarios y probatorios para abrir un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad, al demostrar que entre 2018 y 2024 la administración morenista implementó una estrategia de hostigamiento reflejada en la identificación de dos mil 827 fragmentos dentro de las mil 437 conferencias mañaneras en los que López Obrador denostaba a comunicadores bajo descalificativos como prensa fifí, chayoteros y hampa del periodismo.
La investigación sitúa el actuar del régimen obradorista dentro de la nueva Política sobre Delitos Facilitados por Medios Cibernéticos de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, la cual reconoce que la vigilancia intrusiva sin orden judicial, las campañas digitales de acoso y la estigmatización desde el poder público encuadran bajo la figura del crimen de lesa humanidad de persecución, evidenciando el talante autoritario de un gobierno que optó por demoler el Estado de derecho para silenciar a sus críticos.
La tragedia nacional bajo la administración morenista
El saldo letal documentado por la Universidad de California en Berkeley durante el sexenio de López Obrador asciende a 337 víctimas fatales, de las cuales 78 correspondieron a periodistas y 259 a defensores de derechos humanos, confirmando el fracaso absoluto de las políticas de seguridad y protección ciudadana pregonadas por la autodenominada cuarta transformación. El informe profundiza en que el daño estructural al país no reside únicamente en las cifras de homicidios, sino en la sistematización de un ataque estatal articulado mediante cinco mecanismos precisos que incluyen la estigmatización diaria desde las conferencias matutinas, el uso de redes de bots para el acoso sistemático, la vigilancia ilegal con spyware militar como Pegasus y Geomatrix, el uso faccioso del aparato judicial contra críticos conocido como lawfare, y una impunidad generalizada que oscila entre el 93% y el 99%.
Este andamiaje represivo operó con total opacidad y desprecio por las garantías constitucionales, dejando en absoluta indefensión a quienes ejercían una labor de fiscalización contra los abusos del poder político imperante en el periodo mencionado.
La plataforma probatoria y la colusión militar en el espionaje
El expediente académico está respaldado en el Proyecto de Rendición de Cuentas por Crímenes en México del Centro de Berkeley, el cual puso a disposición pública una plataforma probatoria interactiva que incluye una base de datos verificada de agresiones, la trazabilidad de la adquisición de ciberarmas como Pegasus a NSO Group y Geomatrix a Rayzone por parte de las Fuerzas Armadas, y el análisis sistematizado de las intervenciones presidenciales matutinas para presentarlos formalmente ante la fiscalía internacional. El análisis resalta que la violencia verbal desatada desde la tribuna presidencial se tradujo indefectiblemente en atentados físicos directos contra la integridad de los informadores, citando como casos emblemáticos el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido un día después de ser fustigado en la conferencia mañanera, y el homicidio de Fredid Román en Guerrero, quien fue intervenido con software malicioso tras publicar información delicada y ejecutado al día siguiente.
La responsabilidad directa del Estado mexicano en estas operaciones de hostigamiento cibernético queda plenamente sustentada en la evidencia técnica obtenida a través de las filtraciones de Guacamaya Leaks y los hallazgos de las organizaciones R3D y Citizen Lab mediante la investigación Ejército Espía, las cuales documentaron la operación de un Centro de Inteligencia Militar secreto dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional que utilizó programas de espionaje para intervenir las comunicaciones de comunicadores, activistas y funcionarios civiles incómodos para la administración federal. El informe concluye que el patrón coercitivo ejecutado durante el gobierno de López Obrador encuadra en el Artículo 7 del Estatuto de Roma al sancionar la privación intencional y grave de derechos fundamentales contra un grupo definido por su función de interés público, configurando la mayor prueba histórica para que el tribunal internacional investigue por primera vez la represión digital sistemática perpetrada por un gobierno mexicano como un crimen internacional.
(Con información de Aristegui Noticias)
