La cancillería colombiana formalizó una denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación para indagar presuntas anomalías en la gestión y el fallido proceso de apertura de su sede diplomática en Tijuana, México, proyecto que permanece inoperante.
Investigaciones sobre la crisis administrativa en Tijuana
La administración diplomática encabezada por Gustavo Petro enfrenta un escrutinio legal severo debido a la opacidad en el establecimiento de la oficina consular en territorio mexicano. La cancillería ha solicitado una intervención exhaustiva de las autoridades judiciales para determinar si existieron conductas penalmente relevantes durante el proceso de selección del inmueble y la firma de contratos operativos. Esta acción busca establecer responsabilidades individuales tras la gestión de la funcionaria Maryory Pabón Gavilán, quien fue designada por Petro pese a los antecedentes negativos en su trayectoria diplomática previa en Calgary, Canadá, donde el Consejo de Estado cuestionó su idoneidad.
El desorden presupuestal como sello de la gestión anterior
El nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que atraviesa sus primeras tres semanas en funciones, ha señalado la existencia de un caos administrativo significativo heredado por la administración previa. A pesar de que no se ha asignado una partida presupuestal formal para el funcionamiento de esta sede, los contratos suscritos y las actuaciones administrativas realizadas bajo el mandato de Petro ahora son objeto de una revisión profunda. La falta de transparencia en la operatividad del consulado es vista por el actual gabinete como un caso representativo de la corrupción administrativa que ha marcado el cierre del periodo de Petro, quien ha rechazado estas acusaciones mientras la Fiscalía colombiana recaba pruebas sobre las irregularidades documentadas en el proceso de instalación consular en la frontera con Estados Unidos.
(Con información de Proceso)
