La administración federal actual busca elevar en 35% el pago de derecho a turistas internacionales para el próximo año, fijándolo en 1,334.80 pesos, medida que la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles rechaza tajantemente por dañar la competitividad nacional.
La imposición fiscal que golpea la competitividad de México
La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles manifestó su inconformidad y total desacuerdo con el incremento propuesto en la Ley Federal de Derechos para 2027, advirtiendo que este gravamen deteriora la posición del país frente a otras naciones con vocación turística. La hotelería independiente considera que la intención de la autoridad atenta directamente contra el desarrollo de la industria sin chimeneas, lo que a la larga causará una baja en la inversión y menores oportunidades de empleo. El sector hotelero representa los intereses de más de 6,800 establecimientos agrupados en 99 asociaciones filiales en todo el país, los cuales sustentan su preocupación en el abandono institucional que padece la actividad desde la extinción del Consejo de Promoción Turística de México en el sexenio pasado.
El desinterés gubernamental por la promoción internacional
La propuesta de reforma evade nuevamente asignar una parte de los recursos recaudados a la promoción turística internacional, reflejando que la sola mención de este rubro provoca malestar y rechazo por parte del gobierno. El pago referido de los turistas internacionales representó en 2025 una recaudación cercana a los 22,500 millones de pesos, tomando en cuenta exclusivamente a quienes ingresaron al país por la vía aérea. Desde la perspectiva empresarial, la administración federal opera bajo la falsa premisa de que México se promociona por sí solo gracias a sus bellezas naturales, ignorando por completo que las potencias mundiales en turismo destinan presupuestos agresivos a la atracción de visitantes extranjeros en los mercados globales.
El riesgo latente para millones de empleos y familias mexicanas
La política recaudatoria del régimen actual pone en grave riesgo a los casi cinco millones de puestos de trabajo que constituyen el sostén de igual número de familias mexicanas dentro del sector. Mientras el discurso oficial insiste retóricamente en reducir las brechas sociales y lograr que los beneficios del turismo lleguen a la población local, la negativa a destinar recursos económicos del derecho de visitantes para la promoción impide generar una mayor afluencia y una derrama económica superior. Aunque se reconoce la imperativa necesidad de contar con presupuesto suficiente para modernizar los servicios migratorios, el sector empresarial recalca que esta modernización jamás debe instrumentarse a costa de asfixiar y comprometer seriamente la viabilidad de la industria que se pretende impulsar.
(Con información de El Economista)
