La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó ante el Senado una iniciativa que otorga facultades discrecionales a las secretarías de la Defensa, Marina y Seguridad para bloquear inversiones extranjeras bajo el argumento de riesgos a la seguridad nacional, extendiendo el control castrense sobre la economía privada.
El ascenso del poder militar en las decisiones de mercado
La propuesta legislativa integra a la Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como miembros con poder de decisión dentro de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Esta modificación altera la composición tradicional del organismo, que actualmente integra a las secretarías de Estado con competencias económicas y sociales, al incorporar la visión de seguridad y defensa en la evaluación de los flujos de capital foráneo que pretenden participar en más del 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana, siempre que superen los umbrales de activos definidos por la propia comisión.
Vigilancia estatal sobre activos estratégicos y tecnologías
La iniciativa amplía el margen de injerencia gubernamental al someter a escrutinio proyectos que involucren infraestructura física o virtual en sectores críticos como energía, transporte, minería, comunicaciones, aeroespacial y almacenamiento de datos, además de terrenos colindantes a instalaciones sensibles. El control gubernamental alcanza también a sectores de alta especialidad tecnológica, incluyendo inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnología cuántica y nuclear, así como biotecnologías. La narrativa oficial sostiene que esta estructura permite una evaluación eficiente de riesgos, pero impone una capa de supervisión que abarca incluso el acceso a datos personales y el control de suministros fundamentales como energía, materias primas y seguridad alimentaria.
Institucionalización de la vigilancia y castigos económicos
El proyecto de ley estipula la incorporación como invitados permanentes con voz a la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta configuración busca dotar a la autoridad de herramientas legales para la imposición de multas severas y el traslado de expedientes a instancias penales si se identifican presuntos delitos o conductas infractoras relacionadas con la adquisición de activos. El endurecimiento de las sanciones alcanza un tope de 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización para aquellas sociedades que cedan o transmitan participaciones accionarias sin el visto bueno explícito de la Comisión de Inversiones Extranjeras, consolidando un esquema punitivo contra la libre movilidad de capitales bajo el pretexto de la seguridad nacional.
(Con información de Roberto Morales)
