La consulta popular del 1 de agosto para enjuiciar a expresidentes mexicanos es un “circo político”, pues deberían ser investigados por la Fiscalía General si hay pruebas en su contra sin necesidad de un referendo, advirtió Human Rights Watch (HRW).
“El fiscal general mexicano (Alejandro Gertz) puede iniciar una investigación sobre los expresidentes en cualquier momento. No requiere una consulta popular. Si tiene pruebas contra ellos, es su deber investigarlos. Esperar los resultados de una consulta es hacer de la justicia un circo político”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El Instituto Nacional Electoral (INE) de México inició el pasado jueves la campaña de difusión sobre la consulta popular del 1 de agosto para juzgar a los expresidentes del país que propuso el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
López Obrador impulsó esta consulta popular, la primera en la historia del país bajo la Ley Federal de Consulta Popular, para preguntar al electorado sobre sus predecesores, que él adscribe al “periodo neoliberal”.
Aunque la pregunta original mencionaba por nombre y pedía indagar la “presunta comisión de delitos” de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Suprema Corte cambió el cuestionamiento.
“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Corte en octubre pasado.
El INE instalará este 1 de agosto más de 57 mil mesas en las que estarán cerca de 286 mil funcionarios para recibir la opinión de hasta 93,4 millones de votantes.
El reto de López Obrador y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es que acuda 40% del censo, unos 37.4 millones de electores, para que el resultado sea vinculante.
Información de El Universal
