InicioInternacionalCaptura de alias R15 expone la expansión regional del tren de Aragua

Captura de alias R15 expone la expansión regional del tren de Aragua

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La detención en Lima de Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, marca un punto de inflexión en la lucha contra la red criminal venezolana conocida como Tren de Aragua. El operativo, ejecutado con apoyo del FBI y la policía chilena, confirma la creciente coordinación internacional necesaria para contener a esta organización transnacional.

El despliegue operativo en territorio peruano

La captura de Colina Maldonado ocurrió en el distrito de San Martín de Porres bajo un esquema de cooperación multinacional. El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, confirmó que el detenido, de 48 años, enfrentará un proceso de expulsión inmediata hacia Chile. El sujeto era requerido por las autoridades chilenas debido a su presunta implicación en un secuestro y otros ilícitos cometidos durante su estancia de entre cinco y seis años en aquel país. La intervención contó con el respaldo directo de la Policía de Investigaciones de Chile y del FBI, consolidando un precedente de colaboración operativa tras el convenio suscrito en mayo entre el organismo estadounidense y las fuerzas peruanas para frenar el crimen organizado.

La estructura criminal bajo el radar internacional

La neutralización de alias R15 se suma a la aprehensión en Bogotá de Luis Saúl Pérez Nieto, identificado como alias Páez o Nairobi, quien operaba como cabecilla de la misma red en suelo peruano. El Tren de Aragua, originado en 2014 en el estado venezolano de Aragua, ha logrado permear las estructuras de seguridad de ocho países sudamericanos. La peligrosidad de esta organización ha escalado a niveles globales, al grado de que Estados Unidos la mantiene bajo la designación oficial de organización terrorista. Las actividades ilícitas atribuidas a este grupo incluyen de forma recurrente el secuestro, la trata de personas, el sicariato, el tráfico de drogas y la extorsión sistemática, lo cual mantiene a las instituciones de justicia de la región en un estado de alerta constante frente a la movilidad de sus operadores.

(Con información de El Economista)

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