La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de Alejandro ‘N’, hermano de Víctor Álvarez Puga, por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal relacionado con la omisión del pago del impuesto sobre la renta en 2016.
Captura en Quintana Roo y medidas cautelares
El imputado fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Marina en el municipio de Benito Juárez.
Tras la audiencia inicial, el juez de la causa dictó las siguientes disposiciones legales:
- Prisión preventiva: Medida aplicada de manera inmediata tras la vinculación.
- Investigación complementaria: El juzgador otorgó un periodo de cuatro meses para profundizar en las diligencias del caso.
- Competencia: El procedimiento fue gestionado por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).
Deslinde de los casos Álvarez Puga y Gómez Mont
La fiscalía ha marcado una distinción técnica necesaria entre este proceso y los expedientes internacionales vigentes.
El caso contra Alejandro ‘n’ carece de conexión con los procesos de extradición que involucran a Víctor ‘n’ e Inés ‘n’. Estos últimos permanecen bajo la mira de la justicia mexicana por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Estatus de los procedimientos de extradición
La situación jurídica de Víctor ‘n’ y de Inés ‘n’ ante las autoridades de los Estados Unidos presenta matices específicos.
- Situación de víctor ‘n’: Detenido por motivos migratorios en septiembre de 2025, el imputado cuenta con una audiencia programada para noviembre de 2026. Actualmente, se encuentra en libertad bajo fianza y supervisión mediante un dispositivo de geolocalización.
- Situación de inés ‘n’: La fiscalía mantiene vigente la solicitud de detención provisional con fines de extradición, supeditada a la entrega de la petición formal que el Departamento de Justicia estadounidense requiere para proceder.
La institución ministerial recalca que, bajo el marco constitucional actual, todas las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria firme.
