Organizaciones civiles intensifican la resistencia en Morelos, instalando un plantón en Palacio de Gobierno y promoviendo amparos colectivos contra el incremento injustificado al transporte público, que impactará la economía ciudadana.
Resistencia ciudadana irrumpe en Palacio de Gobierno
La Coordinadora Social Morelense (Cosomor) instaló un plantón en los accesos del Palacio de Gobierno, exigiendo la cancelación del incremento a la tarifa del transporte público, que entrará en vigor el 1 de julio. Esta acción surge un día después de una movilización masiva que incluyó a personas con discapacidad, quienes también se manifestaron contra el ajuste. Los manifestantes bloquearon inicialmente los accesos principal y posterior del recinto oficial, así como intermitentemente la calle Galeana, generando afectaciones a la circulación en el centro de Cuernavaca. Tras un diálogo con autoridades estatales, incluyendo a la gobernadora Margarita González Saravia y al coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, no se alcanzaron acuerdos para frenar el decreto tarifario.
Rechazo al incremento tarifario por falta de justificación
Amelia Hernández Ponce, presidenta de la Asociación Cívica Morelense “Gustavo Alejandro Salgado Delgado” e integrante de Cosomor, sostuvo que el incremento se autorizó sin mejoras en el servicio. La activista denunció la ausencia de renovación del parque vehicular y la carencia de condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, afirmando que “las rutas siguen en las mismas condiciones; no hay unidades nuevas ni inclusión para las personas con discapacidad. No hay elementos que justifiquen el incremento”.
Contradicciones gubernamentales y la promesa de gratuidad
La gobernadora reconoció durante la reunión que el gobierno estatal carece de recursos suficientes para cumplir el compromiso de otorgar gratuidad en el transporte a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Este beneficio fue previamente anunciado por la mandataria. Sin embargo, el decreto que autoriza el incremento tarifario solo establece descuentos para estos sectores, contradiciendo el compromiso original del Ejecutivo. La disposición tampoco se incorporó al decreto. La gobernadora planteó emitir un “alcance” para que los adultos mayores continúen pagando cinco pesos por viaje, incluso con la nueva tarifa. Hernández Ponce advirtió que esta medida no resolverá las deficiencias del transporte público y podría agravar los conflictos actuales entre operadores y adultos mayores, quienes enfrentan malos tratos al validar la tarifa preferencial.
Estrategias de presión: amparos colectivos y movilizaciones
Como parte de las acciones de protesta, los manifestantes mantienen el plantón en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, advirtiendo su reactivación el lunes si no existen avances en el diálogo. De forma paralela, instalaron una mesa para recabar firmas con el propósito de promover amparos colectivos contra el alza al pasaje. La organización hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse tanto a las protestas como a los recursos legales, subrayando el impacto del aumento en la mayoría de los usuarios.
Riesgos y represalias: el costo de la oposición ciudadana
La representante de Cosomor expresó preocupación por posibles represalias gubernamentales, rememorando amenazas recibidas por integrantes de la organización en administraciones anteriores debido a su oposición a decisiones relacionadas con el transporte público. Hernández Ponce relató haber sido amenazada personalmente, y que la vivienda de otro integrante fue atacada a balazos, evidenciando el clima de riesgo para quienes defienden los intereses ciudadanos.
