• Van órganos locales por acciones ante instancias federales y también estatales por choques con leyes; en el nacional avanza informe de “impactos”; detectan ya vacíos y contradicciones en materia de propaganda.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (XPFM).- Los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) harán un frente común con el Instituto Nacional Electoral (INE) para encarar las modificaciones aprobadas en el Plan B de la Reforma Electoral, principalmente porque afecta las estructuras electorales y a los integrantes del servicio profesional electoral.
La Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) prepara los recursos jurídicos que presentarán por las “afectaciones a la autonomía” que generan los cambios a las legislaciones secundarias avaladas por el Congreso antes del pasado cierre del periodo ordinario de sesiones.
De acuerdo con el presidente de la organización que agrupa a todos los OPLES del país, Oswaldo Chacón, la ruta a seguir contempla el camino conjunto, aunque en algunos casos también habrá recursos individuales por las legislaciones locales.
Explicó que en algunos estados “choca” lo avalado por el Congreso con las leyes estatales, lo que también puede dar pie a impugnaciones ante los tribunales estatales.
Pero indicó que la ruta principal es llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la par de lo que hará el INE, por su propia vía.
“Desde el inicio, es decir, desde que se avalaron las reformas del Plan B, los OPLES comenzamos el análisis, independientemente de lo que está haciendo el INE con sus juntas locales y distritales, con las que también trabajamos a nivel estatal.
“La realidad es que tenemos que proceder en conjunto y en lo individual, de acuerdo con las implicaciones y alcances a las legislaciones locales; entonces, hay ejercicios diferentes con el mismo fin, por eso se tiene que concretar el análisis de los impactos de las reformas que sí se publicaron y de las que todavía prevén aprobar, según su agenda, en el Congreso al inicio del periodo ordinario”, dijo.
Comentó que es claro que toda esta reforma no afectará en este momento los comicios de este año, porque la reforma no tiene cabida para Coahuila y el Estado de México, pero apuntó que el impacto será directo en los comicios federales y locales del 2024, lo que generaría un efecto importante.
“Por eso se debe establecer con claridad cuáles serán las reglas para los próximos comicios y eso lo va a definir la Suprema Corte, será la que definirá la validez o no”, apuntó Oswaldo Chacón.
Explicó que uno de los elementos en los que se debe poner un énfasis especial es en lo que se refiere a la propaganda por parte de los servidores públicos, donde parecería que quedó un vacío o confusión por la contradicción entre la legislación aprobada y lo que establece el 134 constitucional, por lo que las autoridades electorales tendrán que suplirlo mientras lo resuelven los ministros del máximo tribunal del país.
Apuntó que, ante esta situación, las autoridades electorales, como en este caso los OPLES, están obligados a trabajar con mayor transparencia ante el ambiente de polarización que se vive en el país y la falta de una reglamentación clara.
Al respecto, Paula Ramírez Höhne, presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, comentó que los OPLES, junto con el INE y todas las autoridades electorales, forman parte de todo el sistema electoral nacional, por lo que las afectaciones a su funcionamiento son para todos.
Dijo que por ello todos procedieron de inmediato a la revisión de las reformas del Plan B en materia electoral y también actuarán para su impugnación.
Mencionó que, en el caso de su estado, un ejemplo del contraste entre lo que contienen las reformas del Plan B y que afecta la legislación estatal es lo que reformaron respecto a los mecanismos de participación ciudadana, además de que, en lo general, se busca reducir la capacidad operativa de todas las autoridades electorales.
“Entonces todas nuestras funciones compartidas se ven debilitadas; es el desmantelamiento y una afectación significativa a las autoridades electorales y a la competencia política misma por el tema de la propaganda gubernamental, por lo que las impugnaciones procederán”, indicó.
Información de La Razón de México