La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó en México sobre su adhesión a la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas, implementada este 13 de noviembre de 2026 en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda para contribuir a su localización.
Adhesión institucional para la localización de víctimas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación colaborará de manera directa con la Secretaría de Gobernación mediante la difusión masiva de fichas informativas.
El máximo tribunal constitucional formalizó su incorporación a las labores de localización en todo el territorio nacional mediante un esfuerzo interinstitucional coordinado con la Comisión Nacional de Gobernación y la Secretaría de Gobernación. La medida contempla la utilización de los canales oficiales de difusión de la judicatura federal para acelerar el alertamiento ciudadano. La estrategia operativa inició formalmente este 13 de noviembre de 2026, fecha a partir de la cual se instrumentaron los protocolos de divulgación en las plataformas digitales del órgano jurisdiccional y de sus medios de comunicación adscritos para maximizar el alcance de la búsqueda de las víctimas.
Plataformas digitales y micrositio de consulta especializada
El tribunal constitucional habilitó un micrositio web interactivo y espacios en redes sociales para la difusión diaria de fichas.
Como parte de las acciones de acompañamiento institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la divulgación de las fichas de búsqueda se realizará de forma diaria a través de sus perfiles oficiales en redes sociales y mediante la señal televisiva de Plural TV. Adicionalmente, el organismo diseñó un micrositio especializado dentro de su portal oficial de internet, el cual alberga un registro actualizado de las fichas vigentes. Esta herramienta digital incorpora un sistema de filtros avanzados que permite realizar consultas específicas por nombres de las personas, fechas de desaparición, así como por los estados o municipios donde ocurrieron los hechos.
Invalidación de cobros inconstitucionales en municipios sonorenses
El pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucionales diversos cobros fiscales en cinco municipios del estado de Sonora.
En el marco de su sesión pública ordinaria, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 25/2026, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos bajo la ponencia del ponente Irving Espinosa Betanzo. Los magistrados determinaron la invalidez de diversas disposiciones contenidas en las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2026 correspondientes a cinco demarcaciones del estado de Sonora. La resolución judicial estableció que dichas normativas locales vulneraban de forma directa el principio de seguridad jurídica, atentaban contra la libertad de reunión y de expresión, violaban derechos humanos fundamentales y contravenían la prohibición constitucional de discriminación.
Protección a la libertad de reunión frente a cargas fiscales
La judicatura federal determinó que condicionar permisos para eventos y marchas mediante cobros municipales vulnera la Constitución.
La determinación del máximo tribunal se centró específicamente en el análisis de las cargas financieras impuestas a la ciudadanía en el ámbito local. Al resolver el expediente promovido por el organismo defensor de los derechos humanos, el alto tribunal concluyó que establecer un cobro económico obligatorio por la expedición de permisos para celebrar eventos sociales y reuniones, así como para realizar marchas en espacios públicos y privados dentro del municipio de Bacerac, constituye una violación flagrante al derecho humano a la libre reunión reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con este fallo, la Suprema Corte anuló las pretencias recaudatorias municipales que restringían el ejercicio de libertades ciudadanas fundamentales.
