La abogada Nadia Beller salió de Bolivia rumbo a México este miércoles tras recibir asilo diplomático y un salvoconducto, desde donde continuará el proceso judicial contra su expareja, el consultor Fernando Cerimedo, encarcelado por presuntamente contratar sicarios para asesinarla el 17 de agosto en Santa Cruz.
La salida bajo protección diplomática y el temor a las redes de poder
La abogada Nadia Beller abandonó territorio boliviano tras permanecer resguardada en la embajada mexicana ante los riesgos derivados de las conexiones políticas del operador argentino.
La gestión del asilo diplomático concluyó con la emisión de un salvoconducto por parte del gobierno boliviano que permitió a la sobreviviente del atentado trasladarse a México. La decisión de buscar protección en la legación diplomática mexicana obedeció a los temores fundados sobre su seguridad, dado que el agresor mantenía vínculos estrechos con las altas esferas del poder en Bolivia. Fernando Cerimedo fungía como asesor estratégico del presidente Rodrigo Paz antes de su captura, posición que utilizaba para tejer una red de influencia política en el país sudamericano.
Implicaciones del atentado y la red criminal vinculada al consultor
Las investigaciones ministeriales tras el arresto de Fernando Cerimedo revelaron un esquema de corrupción, enriquecimiento ilícito y nexos con el narcotráfico internacional.
El análisis del teléfono celular decomisado al estratega político, reconocido por operar para figuras de la derecha regional como el argentino Javier Milei y el hondureño Nasry Asfura, detonó una expansión en las imputaciones penales. La fiscalía boliviana integró cargos por enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico tras hallar evidencia comprometedora que vinculaba al operador político con estructuras delictivas transnacionales. El atentado contra Nadia Beller, quien recibió tres impactos de bala de los sicarios contratados, destapó una cloaca de complicidades gubernamentales que involucran directamente al círculo cercano del mandatario boliviano.
Remoción fiscal y parálisis en la procuración de justicia
La destitución del fiscal general Roger Mariaca por parte del Congreso y el Ejecutivo evidenció una maniobra para obstaculizar las pesquisas contra el consultor argentino.
El proceso judicial sufrió un freno severo luego de que el gobierno estadounidense retirara la visa a Roger Mariaca bajo señalamientos de corrupción significativa. A los dos días de esa sanción internacional, el legislativo boliviano y la administración de Rodrigo Paz removieron al funcionario que supervisaba el expediente de Cerimedo. Posteriormente, la policía detuvo al ex fiscal y a 13 funcionarios bajo la acusación de integrar una red criminal destinada a proteger el narcoterrorismo, situación que paralizó temporalmente las diligencias ministeriales y obligó a la víctima a denunciar campañas de hostigamiento político.
Filtraciones y presiones desde el círculo presidencial
Las grabaciones difundidas exhibieron la injerencia directa del consultor extranjero en decisiones de Estado y su desprecio por la vida en momentos de convulsión social.
El clima de represión política se agudizó con la filtración de audios que revelan conversaciones entre Fernando Cerimedo y el presidente Rodrigo Paz. En los materiales acústicos, el estratega argentino aconseja reprimir protestas de sectores indígenas que exigían la destitución presidencial, llegando a proponer dar un golpe y manifestando su preferencia por que hubiera muertos antes de permitir la caída del régimen por inutibilidad de sus funcionarios. Ante este entramado de complicidades institucionales, la llegada de Nadia Beller a territorio mexicano representa la búsqueda de garantías procesales neutrales que el sistema de justicia boliviano le negó.
(Con información de agencias)
