El Instituto Nacional Electoral detectó en 2019 sobrecostos de hasta 246% en la adquisición de materiales electorales mediante contratos otorgados a Talleres Gráficos de México, lo que derivó en una modificación hacia licitaciones públicas impulsada por el Órgano Interno de Control.
La fiscalización interna y el desvío presupuestal
El Órgano Interno del INE documentó adjudicaciones directas irregulares que obligaron a modificar los procesos de contratación.
El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral documentó que los sobrecostos detectados en 2019 tuvieron su origen en una indebida adjudicación directa a Talleres Gráficos de México, a pesar de que existían condiciones técnicas y de mercado favorables para realizar una licitación pública. Ante este escenario, previo al arranque del proceso electoral 2020-2021, el organismo fiscalizador solicitó especial atención en la normativa para evitar contrataciones que derivaran en sobrecostos o el uso de empresas paraestatales como intermediarios para adjudicaciones a terceros. Fue en septiembre de 2020 cuando el Consejo del INE aprobó el acuerdo INE/CG254/2020 para normar la producción de materiales electorales bajo criterios de racionalidad presupuestal, priorizando la licitación pública para propiciar mayor competencia y tener acceso a precios más competitivos, además de ordenar la creación de un grupo de seguimiento integrado por diversas áreas administrativas y de fiscalización para evaluar a los participantes y emitir los dictámenes técnicos correspondientes.
Las fricciones políticas y el mercado de boletas
Exfuncionarios electorales cuestionaron la presión del entonces contralor para abrir las licitaciones en mercados de carácter oligopólico.
El expresidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó que la llegada en 2019 de Jesús George Zamora al frente del Órgano Interno de Control, a quien señaló por su cercanía con Morena partido al que se integró formalmente en 2023 como titular de la Consejería Jurídica del Estado de México, generó fricciones respecto a las adjudicaciones directas. Córdova criticó que el entonces contralor pretendiera obligar al instituto a contratar materiales y boletas electorales en mercados con tendencias oligopólicas, lo cual, según su perspectiva, ponía en riesgo la organización de los comicios. No obstante, mediante el acuerdo INE/CG574/2020, el organismo ratificó que la impresión de boletas y documentación electoral en papel continuara a cargo exclusivo de Talleres Gráficos de México, al argumentar que cuenta con la infraestructura industrial, técnica, humana y la experiencia necesaria para cumplir con los requerimientos integrales de las elecciones mexicanas, frenando la apertura total en ese sector específico.
Investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación
La ASF implementó un programa inédito de reducción de sanciones para recabar pruebas documentales y financieras sobre redes de corrupción.
De manera inédita, la Auditoría Superior de la Federación informó que en el caso de corrupción que involucra al Instituto Nacional Electoral y a otros organismos electorales, desarrolla indagatorias con el apoyo de informantes que buscan acogerse al Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, contemplado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La autoridad fiscalizadora detalló que entre los elementos probatorios recabados destacan testimonios directos, documentos oficiales, fotografías, videos, registros de información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp, así como nombres y alias de las personas presuntamente involucradas en las irregularidades administrativas detectadas durante las gestiones de contratación institucional.
(Con información de El Economista)
