El Instituto Nacional Electoral confirmó que más de 5,000 trabajadores de 800 Módulos de Atención Ciudadana en 20 estados iniciarán un paro de labores este lunes 9 de noviembre de 2026 tras rechazar el incremento salarial ofrecido hasta enero de 2027.
Conflicto laboral escala ante rechazo de propuesta salarial
El Instituto Nacional Electoral ofreció un ajuste del 6% en la percepción salarial para el personal con nivel FA1 aplicable hasta enero de 2027, medida que los trabajadores desestimaron al mantener la convocatoria a la protesta en módulos de todo el país.
Ante la presión de la plantilla, la administración interina del organismo autónomo intentó contener la protesta mediante un paquete de medidas que incluye analizar escenarios de financiamiento durante el primer trimestre de 2027 para adaptarlo al presupuesto de 2028. Las demandas de los inconformes señalan que perciben ingresos equivalentes o inferiores al salario mínimo, carecen de prestaciones básicas y enfrentan jornadas superiores a las ocho horas diarias en condiciones de precariedad operativa.
Medidas de contención presupuestal y operativa en módulos
El organismo electoral prometió fijar un periodo vacacional del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027 y liquidar los adeudos pendientes de viáticos correspondientes al ejercicio 2026.
El plan de respuesta presentado por la autoridad electoral contempla además acelerar la modernización del equipamiento tecnológico, garantizar el suministro de papelería, restablecer los servicios de limpieza y vigilancia, y cubrir los gastos de campo acumulados. Sin embargo, la promesa de diferir el incremento económico hasta el año 2027 detonó la negativa definitiva de los empleados encargados de la expedición de micas de elector, quienes exigen soluciones inmediatas a su situación económica.
Advertencia sobre riesgo en el padrón electoral y los comicios
Analistas advierten que la paralización de actividades en los centros de atención ciudadana vulnera la actualización del padrón rumbo a las elecciones federales y locales de 2027.
El especialista electoral Jorge Aljovín calificó las demandas de la plantilla como legítimas y señaló que el conflicto llega en un momento crítico caracterizado por tensiones internas, recortes presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados y los recientes señalamientos de corrupción vinculados a la administración de la expresidenta Guadalupe Taddei. La interrupción en la entrega de credenciales amenaza con entorpecer los plazos legales establecidos para la conformación del listado nominal definitivo de cara a los siguientes comicios.
Estrategia gubernamental de desprestigio institucional
La exconsejera electoral Jacqueline Peschard apuntó que el conflicto laboral responde a una maniobra política del oficialismo para desacreditar al árbitro electoral y justificar su reestructuración.
Para la analista, el verdadero trasfondo de la crisis no se limita a las deficiencias operativas de las oficinas regionales, sino que forma parte de una campaña sistemática orientada a minar la credibilidad de la institución electoral en un escenario de extrema vulnerabilidad. La combinación de presiones financieras, disputas salariales y cuestionamientos públicos arrincona al organismo en un momento clave para la estabilidad democrática del país.
(Con información de El Economista)
