CIUDAD DE MÉZXICO, noviembre 07 (XPFM).- La extorsión continúa extendiéndose en México, aunque el Gobierno federal reporta una reducción del delito en las ocho entidades incorporadas a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada en julio de 2025. De acuerdo con un análisis de México Evalúa, mientras en esos estados las víctimas disminuyeron 13 por ciento, en el resto del país aumentaron 30 por ciento, lo que evidencia que el problema no está desapareciendo, sino que se está desplazando hacia otros territorios con menor presión de las autoridades.
Entre las entidades donde se registra un incremento destacan Morelos, Zacatecas, Colima, Querétaro, Baja California Sur y Tabasco. Morelos, Querétaro y Colima alcanzaron sus niveles más altos de extorsión desde 2015. El diagnóstico también coloca a Morelos en el primer lugar nacional, con 28.2 víctimas por cada 100 mil habitantes, más de cuatro veces la media nacional. Le siguen Zacatecas, con 19.2; Colima, con 17.7; Nuevo León, con 15.9, y Querétaro, con 15.8.
El contraste exhibe las limitaciones de la estrategia federal, que concentró sus acciones en Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Jalisco y Michoacán, entidades que reunían 66 por ciento de los casos denunciados cuando se presentó el programa. Sin embargo, seis de los nueve estados que actualmente registran las tasas más elevadas por habitante no forman parte de esa intervención prioritaria. Para México Evalúa, mantener una lista fija de entidades resulta insuficiente frente a un delito que cambia de territorio y sigue corredores económicos estratégicos.
Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de la organización, explicó que la extorsión responde a una lógica económica y se concentra en zonas productivas del Centro, Bajío-Occidente y Norte, regiones que albergan 69 por ciento de la población, pero concentran 85 por ciento de las víctimas. Entre las posibles causas del desplazamiento mencionó la movilidad de grupos criminales hacia lugares con menor vigilancia, la transformación de disputas violentas en cobros de piso, la expansión de actividades económicas atractivas para las organizaciones delictivas y las diferencias en los mecanismos de denuncia y registro.
A estos factores se suman cambios legales y estadísticos. Desde noviembre de 2025, la extorsión se persigue de oficio; además, el número 089 permite canalizar denuncias y, a partir de enero de 2026, las fiscalías comenzaron a reportar bajo una nueva metodología. No obstante, Vargas advirtió que todavía no existen elementos suficientes para determinar cuánto del incremento corresponde a un aumento real del delito y cuánto a una mejora en los registros.
La dimensión del problema es mayor si se considera que, según datos del Inegi, alrededor de 98 por ciento de los casos no se denuncia, mientras que actualmente existen 65 por ciento más víctimas por habitante que en 2015. Durante este año se han registrado víctimas en 729 municipios.
México Evalúa advierte que las reducciones en los estados prioritarios no necesariamente significan que las organizaciones criminales hayan perdido capacidad de operación, pues también podrían estar trasladando sus actividades a otras regiones. Por ello, recomienda revisar cada trimestre o año las entidades y municipios con mayor incidencia, utilizar tasas por habitante para definir las prioridades y no limitarse al número de denuncias.
El organismo también plantea que la respuesta de las autoridades debe ir más allá de operativos y detenciones: requiere desarticular las redes criminales, rastrear sus recursos financieros, identificar cuentas y patrimonio, aplicar la extinción de dominio y fortalecer las fiscalías y policías estatales y municipales. De lo contrario, los grupos delictivos podrán continuar imponiendo cobros de piso y mecanismos de control económico en territorios donde la presencia institucional es más débil, mientras la estrategia federal concentra sus esfuerzos en entidades que ya no necesariamente representan los principales focos de crecimiento del delito.
Fuente: México Evalúa/La Razón de México
