Entre corrupción, conflictos de interés, nepotismo y contrataciones irregulares, la 4T se ha mostrado al centro de diversas polémicas desde su llegada al poder.
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre (XPFM).- En casi ocho años de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T), al menos 15 casos relacionados con presuntos actos de corrupción, conflictos de interés, nepotismo y contrataciones irregulares involucraron a funcionarios y personas cercanas al movimiento, sin que hasta ahora se hayan traducido en sentencias firmes contra los principales señalados.
De acuerdo con una revisión de EL UNIVERSAL, algunas investigaciones derivaron en órdenes de aprehensión o en la separación de funcionarios de sus cargos, pero las indagatorias no han alcanzado a los responsables políticos de mayor jerarquía. La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) es el episodio más reciente.
Entre los casos se encuentra el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y encabezado inicialmente por Ignacio Ovalle. Las investigaciones involucraron a exfuncionarios como René Gavira Segreste y Manuel Lozano Jiménez, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión. Sin embargo, el expediente continúa sin sentencias.
En Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), las presuntas irregularidades en la compra consolidada de medicamentos derivaron en la separación de seis funcionarios, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum en abril de 2025. Se reportaron al menos 13 investigaciones, sin que hasta el momento se hayan establecido responsabilidades penales.
Otro caso es el del llamado huachicol fiscal, que, por ejemplo, en marzo de 2025 fueron asegurados alrededor de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas, y detenidos los exmarinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.
El nombre de Andrés Manuel López Beltrán también apareció en los expedientes, a partir de declaraciones de testigos protegidos y marinos procesados que señalaron que se utilizaba su nombre para facilitar la entrada de combustible ilegal. La FGR sostuvo que no contaba con elementos suficientes para investigarlo.
A esta lista se suman las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por presuntas irregularidades en las cuentas públicas de 2019 a 2022. Se interpusieron cinco denuncias penales, sin que se reportaran detenciones.
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También están las observaciones al Tren Maya, donde la ASF identificó pagos a sobreprecio y anticipados, documentación insuficiente y deficiencias en la supervisión de contratos. Existen al menos cinco denuncias contra Rogelio Jiménez Pons y otros exdirectivos de Fonatur, aunque la FGR mantiene las investigaciones en fase de integración técnica.
En el caso de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, los costos del proyecto pasaron de una estimación inicial de 8 mil millones de dólares a más de 20 mil millones, según la revisión citada por el diario. Las denuncias alcanzan a la exsecretaria de Energía, Rocío Nahle, pero ninguna fue judicializada.
Los señalamientos también involucraron a familiares del expresidente López Obrador. En 2022, su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams ocuparon una residencia en Houston propiedad de un entonces ejecutivo de Baker Hughes, compañía con contratos con Pemex. La entonces Secretaría de la Función Pública concluyó que no existió conflicto de interés.
A ese episodio se agregan las denuncias contra Jorge Amílcar Olán Aparicio y Alejandro Castro Jiménez Labora, amigos de Andrés Manuel López Beltrán, así como el caso de Pío López Obrador, hermano del expresidente, quien fue grabado recibiendo dinero que, según las versiones difundidas, estaría destinado a aportaciones políticas. En agosto de 2025, el INE determinó que no había elementos suficientes para acreditar que esos recursos hubieran beneficiado a Morena.
Otros expedientes mencionados son el hospedaje de Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la residencia de la Embajada de México en Londres durante cerca de seis meses; las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios por presuntos vínculos con Los Chapitos; y las denuncias relacionadas con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, señalado como presunto líder del grupo criminal La Barredora.
La revisión también incluye 209 denuncias presentadas entre 2018 y 2024 contra delegados federales por presunto manejo indebido de programas sociales, de las cuales se integraron 181 expedientes que fueron archivados por la Secretaría Anticorrupción. Asimismo, señala presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de más de cuatro millones de pesos durante la gestión de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Conahcyt.
