La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó una red empresarial vinculada a José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, la cual obtuvo contratos por más de 2,000 millones de pesos en 23 organismos electorales locales entre 2014 y 2023 mediante esquemas de simulación.
La investigación gubernamental expone un sistema sistemático de simulación de competencia y posibles irregularidades administrativas en el gasto electoral.
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, detalló que el análisis, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, se sustenta en registros de la Plataforma Nacional de Transparencia y el histórico de CompraNet. El esquema permitió que este grupo empresarial lograra contratos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) del país. La funcionaria advirtió que las cifras son preliminares y podrían escalar conforme avance la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dado que existen vacíos de información en los registros públicos consultados.
Las empresas involucradas habrían operado bajo un esquema de colusión para garantizar adjudicaciones en procedimientos licitatorios.
Entre las compañías identificadas por el gobierno federal destacan nombres como Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Corporativo Zeg y Formas Finas Fernando Fernández. La mecánica descrita por la Secretaría Anticorrupción consistía en la participación coordinada de empresas relacionadas entre sí, las cuales, pese a presentarse como competidores independientes, acordaban previamente al ganador y los precios finales. Esta estructura garantizaba que el beneficio económico recayera siempre en el mismo grupo empresarial, burlando la transparencia de las licitaciones públicas.
El origen de la red se remonta a vínculos con exfuncionarios de Gobernación durante la década de los ochenta.
La investigación profundiza en el perfil de los hermanos Hernández Casillas, quienes iniciaron su trayectoria en la administración pública federal en dependencias como el Registro Nacional de Población y el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Durante este periodo, entablaron relaciones clave con Juan Carlos Padilla Aguilar, su superior jerárquico. Posteriormente, cuando Padilla Aguilar se trasladó al Estado de México, los hermanos comenzaron a incursionar como proveedores electorales, logrando su primer contrato relevante a través de la firma Cartonera Plástica en 1999.
La red consolidó su influencia en el sistema electoral tras la reforma constitucional de 2014.
El informe resalta que la red mantuvo su presencia en las contrataciones estatales incluso después de la reforma de 2014, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) adquirió facultades para designar a los consejeros de los organismos locales. Durante la gestión del consejo encabezado por Lorenzo Córdova, la red empresarial escaló sus operaciones, acumulando los contratos millonarios señalados. Adicionalmente, se reportó que entre 2024 y 2025, el grupo continuó activo con contrataciones en 15 organismos, sumando otros 646 millones de pesos a su historial de facturación.
La UIF analiza los flujos financieros sin confirmar hasta el momento nexos con el crimen organizado.
Respecto a las implicaciones legales, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, mantiene análisis financieros en curso para detectar riesgos e irregularidades en el sistema bancario. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que, por el momento, exista evidencia que vincule a los empresarios con el crimen organizado. No obstante, subrayó que las investigaciones por presunto lavado de dinero pueden derivar de la transferencia ilícita de recursos obtenidos mediante contratos ilegales. La mandataria enfatizó que la ASF y la Fiscalía General de la República deben deslindar responsabilidades sin excepciones, incluyendo la revisión de la actuación de funcionarios electorales en funciones.
(Con información de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno)
