La Fiscalía General de la República confirmó que la conductora Inés Gómez Mont enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes en México por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, tras ser detenida el 30 de octubre en Florida, Estados Unidos.
La trama de corrupción y los desvíos millonarios detectados por la autoridad ministerial
La fiscal general Ernestina Godoy Ramos reveló que las indagatorias vinculan a la conductora con un esquema de triangulación y contratos irregulares por dos mil 450 millones de pesos.
Mediante un mensaje difundido este lunes, la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló el desglose de los mandamientos judiciales que pesan sobre la imputada. Precisó que una de las órdenes fue solicitada formalmente por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, mientras que las dos restantes corresponden a investigaciones por defraudación fiscal equiparada, promovidas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial. Según las indagatorias ministeriales, Inés Gómez Mont presuntamente recibió en cuentas bancarias personales recursos de procedencia ilícita, los cuales provenían de un esquema de desvío y triangulación de dinero público operado desde el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social mediante empresas fantasma. La institución ministerial señaló que estas operaciones irregulares estuvieron estrechamente relacionadas con contratos por aproximadamente dos mil 450 millones de pesos otorgados al organismo responsable de los centros penitenciarios federales durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, los cuales habrían beneficiado a empresas vinculadas con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.
El daño fiscal y la simulación de ingresos detectados en los ejercicios fiscales
Las indagatorias señalan que la imputada declaró ingresos menores entre 2014 y 2016, evadiendo el pago de más de trece millones de pesos en contribuciones federales.
Además de los contratos con fondos penitenciarios, a la conductora se le atribuye haber declarado ingresos menores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, conducta con la que presuntamente omitió el pago de más de trece millones de pesos en impuestos ante la hacienda pública. Ante este panorama, la titular de la Fiscalía General de la República advirtió en su videomensaje institucional que cada peso desviado o no contribuido representa un recurso que deja de llegar de manera directa a los programas y acciones sociales que benefician a millones de personas en el país.
El proceso de extradición y la captura en territorio estadounidense
Autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a la conductora el pasado 30 de octubre, activando los protocolos formales de extradición solicitados por México.
Durante el mismo pronunciamiento, la fiscal general dio a conocer que, desde el momento en que Inés Gómez Mont abandonó el territorio nacional, la institución emprendió las acciones diplomáticas y legales necesarias para lograr que comparezca ante la justicia mexicana. Precisó que en septiembre de 2025, el gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y que, en estrecha coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, se integró la petición formal correspondiente. La funcionaria añadió que durante las últimas semanas ambas autoridades intercambiaron información estratégica, periodo en el cual la Fiscalía General de la República entregó formalmente las órdenes de aprehensión vigentes que culminaron con su captura el 30 de octubre en Florida por parte de autoridades migratorias estadounidenses.
Los recursos legales previos y la situación jurídica actual en los tribunales
La defensa legal de la imputada intentó frenar los mandamientos judiciales y las fichas rojas mediante amparos que fueron negados por jueces de Distrito.
Cabe destacar que en julio de 2024, la conductora promovió un juicio de amparo en contra del segundo mandamiento judicial y la activación de la ficha roja emitida para su localización internacional. Sin embargo, un juez de Distrito le negó la protección de la justicia federal, por lo que la resolución judicial tuvo que ser impugnada mediante un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado. Paralelamente, la institución ministerial subrayó que Inés Gómez Mont conserva en todo momento el principio constitucional de presunción de inocencia, por lo que corresponderá a los tribunales mexicanos competentes determinar su responsabilidad penal conforme a derecho y con estricto respeto al debido proceso.
(Con información de Fiscalía General de la República)
