La bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados propuso prohibir la gestación subrogada mediante una iniciativa impulsada por la diputada Nora Merino, estableciendo penas de hasta 25 años de prisión para infractores.
Sanciones penales y alcances normativos contra la práctica
La propuesta legislativa plantea reformar y adicionar diversos ordenamientos jurídicos para castigar penalmente a quienes participen en la contratación o intermediación de estos procedimientos.
La modificación abarca directamente a la Ley General de Salud, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y el Código Penal Federal. El marco punitivo contempla castigar de manera severa a cualquier individuo que a sabiendas realice, ejecute, promueva, favorezca, facilite, financie, publicite o intermedie en estos procesos de gestación.
Castigos específicos para contratantes y fedatarios públicos
El proyecto gubernamental castiga con rigor tanto a los contratantes como a los notarios o fedatarios que presten fe en estas operaciones ilícitas.
Las sanciones también recaerán sobre las personas que, en su carácter de contratantes, obtengan o pretendan conseguir la entrega directa de la persona nacida bajo este método. Asimismo, tratándose de fedatarios públicos que intervengan en dichos acuerdos, la normativa establece la suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio de su función, aplicando hasta seis años más de inhabilitación en caso de registrarse reincidencia en la falta.
Multas económicas y umbrales de reclusión fijados
El esquema punitivo determina un rango exacto de privación de la libertad y sanciones pecuniarias según el grado de participación.
La iniciativa fixa una pena que va de los 15 a los 25 años de prisión y multas económicas de 2,000 a 30,000 días a quien, mediante cualquier acuerdo, contrato o convenio, con o sin contraprestación económica, logre que una mujer geste a una persona por cuenta propia o de un tercero con el propósito de que le sea entregada o de que su filiación se determine a favor de una persona distinta a la mujer que llevó a cabo la gestación.
(Con información de El Economista)
