La expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, dejó comprometidos 2,500 millones de pesos en contratos plurianuales y proyectos bajo la lupa de las autoridades fiscalizadoras en la Ciudad de México, tras su renuncia al cargo el 2 de noviembre de 2026 por presiones de conflicto de intereses.
El entramado de adjudicaciones millonarias bajo sospecha
La revisión de los contratos heredados destapa adjudicaciones directas y consorcios ligados a redes de conflicto de interés en el árbitro electoral.
Entre los convenios que generan mayor suspicacia destaca el contrato INE/051/2025 para la fabricación de credenciales para votar, asignado por un monto de 61.7 millones de dólares, equivalentes a unos 1,200 millones de pesos, a un consorcio integrado por Cosmocolor, Icards Solutions y Talleres Gráficos de México. Este acuerdo comercial, formalizado el 10 de diciembre de 2025 con vigencia hasta junio de 2031, fue signado por Jesús Octavio García González, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración y apoderado legal, quien enfrenta señalamientos directos por haber fungido simultáneamente como representante legal de Cajas Graf, empresa proveedora propiedad de José Alfredo Hernández Casillas, identificado como contratista cercano a la exconsejera presidenta.
Contratos de largo plazo y servicios generales en revisión
Las auditorías federales expanden la fiscalización sobre arrendamientos, plataformas tecnológicas y servicios de difusión.
Bajo el expediente INE/002/2026, la gestión pasada entregó a la empresa Full Circle Media un convenio por más de 134.8 millones de pesos vigente hasta diciembre de 2027 para la producción de materiales de difusión en radio, televisión y plataformas digitales. A esto se suma la adjudicación otorgada a la compañía Tecnología de Gestión y Comunicación por más de 119 millones de pesos, destinada a implementar una plataforma de información pública sobre adquisiciones estatales con conclusión prevista para 2031. Paralelamente, la administración saliente heredó compromisos por más de 1,080 millones de pesos en materia de arrendamiento vehicular, seguros de vida y gastos médicos mayores.
Acciones de fiscalización y servidores públicos investigados
Los órganos de control interno y la Auditoría Superior de la Federación despliegan indagatorias sobre redes de proveedores y factureras.
Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados el 28 de octubre de 2026, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó sobre cinco personas imputadas y la apertura de al menos 18 expedientes por irregularidades acumuladas desde mayo de 2025. En el mismo sentido, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, confirmó el inicio de una investigación de oficio para revisar el 100% del gasto del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales. Las pesquisas federales detectaron que dos grupos empresariales acumularon operaciones por 8,870.3 millones de pesos con diversas entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales 3,790.3 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales, además de indagar a cerca de 57 proveedores que figuran simultáneamente como servidores públicos.
(Con información de El Economista)
