José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado a Guadalupe Taddei, evadió en 2023 y 2024 un bloqueo de cuentas por la UIF en juzgados de la Ciudad de México, protegiendo a su empresa Cajas Graf de acusaciones por recursos ilícitos y terrorismo.
La estructura financiera del empresario se mantuvo a flote gracias a una serie de recursos legales tramitados en los tribunales federales. La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada en ese momento por Pablo Gómez, ordenó el congelamiento de los recursos monetarios mediante el acuerdo 401/2023 al detectar flujos inusuales de capital en el sistema financiero nacional que no correspondían con actividades comerciales legítimas. Las instituciones bancarias involucradas en la retención inicial de los activos fueron Santander, Scotiabank Inverlat y Citibanamex, las cuales aplicaron las directivas de restricción patrimonial antes de que los juicios de amparo anularan la medida cautelar.
Magistrados federales desecharon los argumentos de la UIF al considerar que el bloqueo carecía de una solicitud internacional directa para combatir el terrorismo.
Los juzgados federales protegieron al contratista y a su hermano, Raymundo Francisco Hernández Casillas, bajo el argumento de que los expedientes solo aludían a operaciones con recursos de procedencia ilícita sin el respaldo de peticiones formales del extranjero. El fallo quedó completamente firme e inapelable en 2024 tras la ratificación del Sexto, Noveno y Décimo Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, todos con sede en la Ciudad de México, permitiendo que la red de negocios recuperara el control total de sus operaciones financieras y bancarias.
La adjudicación de contratos millonarios continuó pese a los antecedentes de investigación financiera y los señalamientos públicos.
Un año después de que los tribunales cerraran el caso, en 2025, la entonces consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, otorgó un contrato por 198.7 millones de pesos a la empresa Cajas Graf para la producción y suministro de material destinado a la elección judicial. Este vínculo comercial revivió el escrutinio político y mediático, especialmente tras la filtración de material audiovisual donde se observa a la exfuncionaria electoral acompañada tanto del empresario beneficiado como de su propio hijo, detonando cuestionamientos severos sobre los filtros de integridad institucional y el manejo de los recursos públicos en los procesos electorales federales.
(Con información de Proceso)
