La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas, entregó el 30 de octubre de 2026 en la Cámara de Diputados una investigación periodística al titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente Contreras, sobre una presunta red de cobros obligatorios a trabajadores.
El mecanismo de los descuentos y las cuotas impuestas
La legisladora emecista interpeló al funcionario federal durante su comparecencia oficial al exhibir un reportaje que detalla la exigencia de recursos económicos a los funcionarios para garantizar la permanencia en sus puestos laborales.
El esquema financiero operaba mediante la notificación directa a los empleados, quienes recibían instrucciones precisas sobre los montos y las cuentas bancarias designadas para los depósitos. La estructura de cobros alcanzaba los 14 mil pesos mensuales para el personal asignado a las subdirecciones, mientras que las jefaturas de área debían aportar 7 mil pesos mensuales, según los testimonios recabados por el medio impreso que detonó la fiscalización. Ninguno de los afectados contaba con margen de negociación para declinar el pago de esta cuota obligatoria, configurando un modelo de presión sistemática dentro de las oficinas del organismo autónomo.
La respuesta institucional y el deslinde de responsabilidades
El titular del Órgano Interno de Control calificó los hechos como un acto de extorsión y condicionó la apertura de indagatorias formales a la presentación de denuncias de carácter penal por parte de las víctimas directas.
Ante el señalamiento de que la supuesta red de cobros ilícitos presuntamente involucra a personal adscrito al propio órgano fiscalizador, Víctor Hugo Carvente Contreras desestimó la posibilidad de iniciar una investigación de oficio fundamentada exclusivamente en notas periodísticas. El funcionario federal argumentó que este tipo de prácticas constitutivas de delito requieren la presentación formal de querellas legales por parte de los agraviados. La legisladora opositora replicó que turnará el caso por escrito ante la Comisión de Vigilancia para solicitar la intervención directa de la Auditoría Superior de la Federación, bajo el argumento de que el arbitraje electoral no puede tolerar prácticas de corrupción en su estructura interna mientras fiscaliza los procesos del país.
(Con información de apro)
