Organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el 179º periodo de sesiones celebrado en Washington, que México acumula 103 asesinatos y 10 desapariciones de defensores entre enero de 2022 y septiembre de 2026.
La brecha estructural entre la violencia sistemática y la inacción ministerial
La CIDH advierte que México persiste como uno de los territorios más peligrosos para la defensa de derechos humanos debido a la impunidad estructural.
México acumula 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras de derechos humanos entre enero de 2022 y septiembre de 2026, de acuerdo con la denuncia presentada por colectivos civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante una audiencia pública del 179º periodo de sesiones, representantes de organizaciones nacionales e internacionales señalaron que sólo cuatro de los 113 casos documentados cuentan con una sentencia condenatoria, lo que arroja un nivel de impunidad del 96.5%. La sistematización abarca expedientes que involucran a 138 personas, de los cuales 22 han sido judicializados y 87 permanecen en fase de investigación sin ofrecer resultados concluyentes para las familias afectadas.
Deficiencias críticas en fiscalías y simulación en mecanismos federales
Las fiscalías omiten indagar la labor de activismo y el Mecanismo Federal de Protección arrastra un rezago severo en análisis de riesgo.
Las organizaciones expositoras advirtieron que uno de los principales obstáculos radica en que las fiscalías mexicanas evitan considerar la actividad de defensa como una línea de investigación prioritaria, lo que bloquea la identificación de motivos y la captura de autores intelectuales o financistas de las agresiones. Mario Hurtado, integrante del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, denunció deficiencias crónicas en el Mecanismo Federal de Protección, señalando un rezago alarmante en los análisis de riesgo y en las reevaluaciones de los planes de seguridad vigentes. En la misma línea, Cibeli Cañedo, representante de Iniciativa Sinaloa, puntualizó que las indagatorias ministeriales suelen estancarse en los autores materiales de los ataques, renunciando deliberadamente a escalar la cadena de mando para sancionar a quienes ordenaron o se beneficiaron de la violencia sistemática.
Radiografía de la violencia estructural y compromisos de la delegación
La relatora Andrea Pochak calificó el entorno nacional como letal para los activistas, mientras el Estado prometió un plan nacional.
Durante la sesión, la comisionada y relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak, afirmó categóricamente que el país continúa figurando entre los más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos, advirtiendo que el hostigamiento y los crímenes poseen un carácter estructural. Ante los señalamientos, la delegación mexicana asumió la tarea de estructurar un plan nacional para implementar el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, difundirlo en formatos accesibles, consolidar un registro homologado y abrir una mesa de trabajo para revisar los 113 casos expuestos. Asimismo, la representación oficial se comprometió a valorar al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) la creación de una fiscalía especializada y a aceptar el acompañamiento técnico de la Relatoría Especial de Naciones Unidas.
(Con información de El Economista)
