La nueva legislación chilena otorga facultades policiales para ingresar a domicilios con orden judicial y ejecutar deportaciones de indocumentados.
El Congreso de Chile aprobó una normativa orientada a dinamizar las deportaciones de extranjeros en condición irregular, incorporando herramientas operativas para las fuerzas de seguridad bajo supervisión judicial. La medida responde a una iniciativa ingresada originalmente en 2024 por la administración previa y retomada por el gobierno del actual mandatario José Antonio Kast, cuya plataforma política priorizó la salida de más de 330,000 migrantes indocumentados radicados en el territorio nacional.
La normativa faculta a las fuerzas policiales para solicitar autorizaciones judiciales y ejecutar detenciones domiciliarias de personas con órdenes de expulsión vigentes.
Mediante un comunicado oficial emitido por el Senado, se confirmó que las instituciones de seguridad podrán requerir a los órganos jurisdiccionales permisos específicos para acceder a inmuebles con el propósito exclusivo de aprehender a individuos sujetos a decretos de deportación. Asimismo, las autoridades gubernamentales quedan habilitadas para solicitar información a distintas dependencias públicas sobre personas sin documentación, facilitando las labores de notificación respecto a las resoluciones de salida del país. La legislación extiende de tres a cinco años el periodo mínimo de restricción para reingresar al territorio nacional en supuestos determinados, además de implementar mecanismos orientados a concretar la expulsión inmediata de extranjeros procesados por determinados ilícitos penales, condicionada a la respectiva autorización de los tribunales competentes.
Los primeros resultados operativos de la administración actual contrastan con las metas proyectadas de deportaciones masivas.
A pesar del endurecimiento en el marco legal y del discurso oficial que vincula la movilidad irregular con el incremento de la criminalidad, los indicadores de gestión muestran un alcance limitado. Durante los primeros seis meses de gestión del actual ejecutivo, las deportaciones alcanzaron a unas 1,800 personas, procedentes principalmente de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. No obstante, el grueso de la población migrante en situación irregular corresponde a ciudadanos de origen venezolano. Las dificultades en la diplomacia bilateral han representado un freno estructural para la estrategia gubernamental, toda vez que, a pesar del acuerdo para normalizar los vínculos bilaterales concretado en julio, los retornos efectivos de ciudadanos de esa nacionalidad continúan bloqueados. Paralelamente, el poder legislativo discute otra propuesta impulsada por el oficialismo para tipificar penalmente la migración irregular en el país sudamericano.
(Con información de AFP)
