El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas exigió activar el artículo treinta y cuatro para un mecanismo urgente en México, mientras que la administración federal rechazó frontalmente dicha interpretación y minimizó los indicios de lesa humanidad.
La exigencia internacional de cooperación urgente
El titular del Comité contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Albán, urgió a la Asamblea General a activar mecanismos extraordinarios de cooperación frente al quiebre humanitario.
Durante la presentación del informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Albán, insistió en la necesidad de activar el artículo treinta y cuatro de la Convención. Esta medida busca que la Organización de las Naciones Unidas trate con carácter de urgencia la crisis de desapariciones en el país y se genere un cerco de cooperación para superar la fractura institucional. El representante del organismo internacional advirtió que la cuestión remitida no debe diluirse entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas, exigiendo que las víctimas y sus familias reciban una respuesta seria, de buena fe y orientada a resultados concretos. Asimismo, el funcionario del organismo multilateral aseveró que la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende de la capacidad de los Estados parte para convertir los compromisos asumidos en respuestas efectivas. A pesar de reconocer la localización de 16,134 personas desaparecidas según registros oficiales, el experto enfatizó que los esfuerzos conjurados con el Comité deben mantenerse bajo un monitoreo riguroso y constante fiscalización.
Indicios fundados de crímenes de lesa humanidad
El organismo internacional determinó la persistencia histórica de crímenes de lesa humanidad en el territorio nacional sin atribuir una política federal deliberada.
Tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano, las contribuciones de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, el Comité concluyó que existen indicios bien fundados de crímenes de lesa humanidad y de su persistencia hasta la actualidad. No obstante, la instancia aclaró que esta determinación no constituye una declaratoria de responsabilidad internacional del Estado mexicano, ni encontró pruebas de una política a nivel federal orientada a la comisión de desapariciones por acción deliberada u omisión de las altas esferas. En este tenor, el procedimiento del artículo treinta y cuatro opera como una salvaguarda preventiva excepcional para movilizar la atención internacional ante situaciones de extrema gravedad, ofreciendo apoyo técnico en materia de investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense y salvaguarda de los afectados.
La postura oficial de rechazo y justificación gubernamental
El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina Padilla, desestimó la interpretación de la Convención y aseguró que la prioridad nacional combate la impunidad.
Durante la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, reiteró que el Gobierno de México rechaza tajantemente la interpretación del Comité sobre el alcance y la aplicación del artículo treinta y cuatro. El funcionario federal sostuvo que la búsqueda de personas no se detiene y aseguró que la administración reconoce el dolor de las familias buscadoras. El representante gubernamental argumentó ante el foro internacional que el Estado no consiente ni tolera la desaparición de personas bajo ninguna modalidad, destacando una coordinación sin precedentes entre autoridades federales y estatales. Bajo esta narrativa oficial, el subsecretario intentó deslindar al poder político federal al señalar que, si bien en el pasado la desaparición forzada se ordenaba desde las altas esferas, hoy estos delitos son perpetrados principalmente por grupos delictivos y, en algunos casos, por autoridades del ámbito municipal.
Cifras oficiales y tensiones con los colectivos de víctimas
La delegación federal presumió el hallazgo de más de dieciséis mil personas en el año, mientras activistas sufrieron restricciones físicas en la sede internacional.
Para respaldar la efectividad de la estrategia nacional, el funcionario presumió el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las fiscalías, reportando la localización de más de 16,000 personas en lo que va del año, la mayoría con vida. Pese a presumir una política de apertura y diálogo internacional, el representante reconoció la existencia de desafíos pendientes en la materia. La tensión en la jornada escaló cuando autoridades del organismo internacional impidieron que un grupo de familiares mostrara fotografías de sus seres queridos desaparecidos dentro de la sala de sesiones, motivo por el cual fueron desalojados del recinto. Ante esta acción, el presidente del Comité calificó como profundamente lamentable que las víctimas fueran retiradas del espacio por visibilizar su exigencia de justicia frente a la parálisis institucional.
(Con información de El Economista)
