El pleno del máximo tribunal constitucional se prepara para resolver que el Instituto Nacional Electoral sí cuenta con legitimación activa para promover controversias constitucionales contra determinaciones de poderes locales, revirtiendo el criterio previo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación encamina un viraje institucional clave después de que el pleno modificara su postura respecto a las atribuciones legales del organismo electoral autónomo.
El giro de la ministra Loretta Ortiz Ahlf en el pleno
La ministra Loretta Ortiz Ahlf fracturó la mayoría oficialista al cambiar su voto, lo que tumba el proyecto que negaba al instituto la facultad de litigar contra los poderes estatales.
Durante la sesión correspondiente, la postura inicial que negaba la legitimación procesal al organismo autónomo quedó sin efecto debido a la modificación en el criterio de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien se desmarcó de su voto emitido en enero de 2026. El asunto original había sido desechado previamente por una votación mayoritaria que integraban Estela Ríos González, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Irving Espinosa Betanzo y la propia Ortiz Ahlf.
Al someterse a votación la propuesta elaborada por Irving Espinosa Betanzo, la cual pretendía consolidar el criterio restrictivo bajo el expediente de la controversia constitucional 157/2025, el bloque mayoritario se fracturó. El documento consignaba que los agravios del instituto resultaban infundados y confirmaba el desechamiento del 14 de mayo de 2025 por la supuesta falta de personalidad jurídica para acudir a los tribunales federales.
Las fricciones internas y el nuevo escenario procesal
Los magistrados evidenciaron fracturas procedimentales y contradicciones internas ante el inminente cambio de rumbo en la jurisdicción constitucional.
Tras el rechazo del nuevo proyecto de sentencia, el debate interno escaló cuando el presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, propuso que el expediente fuera devuelto al ponente original, Arístides Guerrero García. La propuesta generó resistencia inmediata por parte de la ministra Estela Ríos González, lo que obligó a que el nuevo turno del expediente se realice mediante el sistema de asignación ordinario de la oficialía judicial.
Durante la confrontación de posturas, Irving Espinosa Betanzo recriminó la falta de cohesión jurídica del tribunal constitucional. El magistrado señaló que su proyecto se había confeccionado estrictamente conforme a la votación mayoritaria del 22 de enero, por lo que el rechazo posterior evidencia una profunda incongruencia en las decisiones del pleno frente a la salvaguarda de las competencias institucionales frente a los contrapesos locales.
(Con información de El Economista)
