La fiscalía federal de Manhattan sumó el delito de conspiración para cometer tortura contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes permanecen recluidos en Brooklyn tras su captura por fuerzas estadounidenses.
El procesamiento judicial contra la cúpula del régimen venezolano escala de forma drástica en territorio norteamericano. El expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados formalmente este jueves por un nuevo ilícito penal derivado de las prácticas sistemáticas de tormento contra opositores políticos destinadas a perpetuar el control autocrático en la nación sudamericana. Esta acusación de conspiración para cometer tortura se añade a los señalamientos previos por tráfico de drogas que ya pesaban en su contra dentro de la querella sustitutiva presentada ante el tribunal federal de Manhattan.
Una redada militar que fulminó trece años de hegemonía socialista en Caracas
La captura ejecutada por el ejército estadounidense en enero pasado clausuró un ciclo político de trece años bajo la administración de Nicolás Maduro.
La intervención castrense ejecutada el 3 de enero en el domicilio de los acusados en Caracas modificó de manera radical el tablero geopolítico regional. Tras su traslado inmediato a Nueva York, ambos procesados enfrentan un proceso judicial cuyo juicio quedó formalmente calendarizado para el 1 de junio de 2027. Desde su ingreso al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la pareja se ha declarado inocente de los cargos de narcotráfico, mientras la estructura gubernamental venezolana ha reconfigurado su diplomacia bajo el liderazgo interino de Delcy Rodríguez.
La defensa de Cilia Flores exige libertad condicional por motivos médicos urgentes
Los representantes legales de Cilia Flores interpusieron una moción para lograr su excarcelación bajo el argumento de una condición cardíaca severa.
Durante la comparecencia programada ante el juez federal de distrito Alvin Hellerstein, la defensa legal de Cilia Flores, de 69 años, buscó convencer al poder judicial estadounidense de otorgar la libertad condicional. La estrategia jurídica planteó el traslado de la procesada a una residencia vigilada con seguridad privada permanente en el área metropolitana de Nueva York, presupuestada con fondos autorizados por el propio gobierno venezolano para cubrir los honorarios de los implicados, con la finalidad de someterla a una intervención quirúrgica cardiovascular.
El rechazo fiscal ante un inminente riesgo de fuga y obstrucción procesal
La fiscalía federal de Manhattan refutó los argumentos de la defensa al considerar que la imputada cuenta con asistencia médica óptima y representa una amenaza de evasión.
Por su parte, los representantes del ministerio público federal se opusieron de forma categórica a cualquier concesión de libertad provisional. La fiscalía argumentó que el centro penitenciario federal provee los cuidados clínicos necesarios para atender su estado de salud y advirtió que la excarcelación dispararía un riesgo extremo de fuga, además de propiciar escenarios potenciales para la intimidación de testigos clave en el proceso. Las investigaciones federales sostienen que Cilia Flores, quien fungió como fiscal general y presidenta de la Asamblea Nacional, acumuló ganancias ilícitas mediante el cobro de sobornos millonarios aportados por redes de narcotráfico.
(Con información de Reuters)
