El sistema penitenciario mexicano registró un marcado deterioro durante 2025 al alcanzar una sobrepoblación global del 12.96%, un excedente de 29,388 internos y 990 incidentes violentos, de acuerdo con el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El colapso operativo en las cárceles del país
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria expone un incremento crítico en la sobrepoblación y la ingobernabilidad dentro del sistema penitenciario.
La capacidad instalada en los centros estatales y federales se ubicó en 226,739 espacios, mientras que la población penitenciaria escaló hasta las 256,127 personas. Esta disparidad agudizó la crisis estructural con un incremento del 8.46% en la sobrepoblación con respecto a las cifras documentadas en 2024. Al cierre de diciembre de 2025, un total de 142 centros penitenciarios operaron con saturación, lo que representa 24 recintos más bajo esta condición en comparación con el periodo previo. Durante las visitas de supervisión, esta problemática se confirmó en 129 de los 261 centros estatales evaluados.
El desglose operativo revela fallas sistemáticas en la administración de los reclusorios. La inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad afectó al 98.9% de los establecimientos supervisados, superando el 94.5% registrado en 2024. Asimismo, el 85.8% de las prisiones careció de mecanismos efectivos para prevenir violaciones a garantías fundamentales y presentó insuficiencias en la gestión de quejas. El 83.9% acumuló irregularidades en los procedimientos de imposición de sanciones disciplinarias.
Fractura en la seguridad interna y autogobierno
Las deficiencias estructurales derivaron en hacinamiento, actividades ilícitas y esquemas de autogobierno en decenas de establecimientos penitenciarios.
En materia de seguridad, el hacinamiento afectó al 47.5% de los establecimientos estatales, mientras que la presencia de actividades ilícitas se documentó en el 40.6% de los recintos. El organismo autónomo detectó esquemas de autogobierno o cogobierno en 31 centros estatales, cifra equivalente al 11.9% de las prisiones evaluadas. Este vacío de autoridad institucional propició un entorno propicio para la escalada de tensiones y agresiones físicas entre la población recluida.
Las estadísticas de conflictividad reflejan el impacto de estas omisiones administrativas. Durante 2025, los centros supervisados acumularon 990 incidentes violentos, de los cuales 694 ocurrieron en el ámbito estatal y 296 en el federal, mientras que las tres prisiones militares evaluadas reportaron saldo blanco en este rubro. Las riñas concentraron la mayor incidencia con 805 casos, distribuidos en 532 sucesos estatales y 273 federales.
Escalada de mortalidad y crisis de gobernabilidad
Los registros oficiales documentan un saldo alarmante de homicidios, suicidios y motines que evidencian la parálisis del sistema de reinserción social.
La violencia al interior de los centros de reclusión derivó en consecuencias fatales durante el ciclo evaluado. A las riñas se sumaron 101 suicidios, 55 homicidios, 11 evasiones o fugas, 9 abusos, 6 casos de tortura o maltrato y 3 motines. La magnitud de las peticiones administrativas tramitadas en centros estatales reflejó el malestar y la demanda de atención legal, al pasar de 2,365 gestiones en 2024 a 10,211 solicitudes en 2025.
(Con información de El Economista)
