María del Carmen Abascal fallece en Madrid a los 87 años, dos semanas después de ser desalojada de su departamento en el distrito de Retiro, tras siete décadas de residencia familiar y un proceso judicial sobre la vigencia de su contrato de alquiler.
El desenlace hospitalario de una inquilina histórica
El deceso de Maricarmen Abascal se registra el 7 de octubre de 2026 en un centro médico madrileño, donde permanecía internada desde el día de su polémico lanzamiento.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid comunica oficialmente el fallecimiento de la mujer, quien ingresó al Hospital Gregorio Marañón el 23 de septiembre tras ser desalojada en camilla por la Policía Nacional. Su permanencia en el inmueble ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda se sostuvo durante décadas mediante defensas legales, negociaciones y la presión de redes vecinales que intentaron frenar la ejecución judicial.
La cronología contractual que originó el conflicto judicial
La disputa legal por el departamento se fundamenta en la interpretación de la segunda subrogación del contrato de alquiler firmado originalmente en 1956.
El padre de Maricarmen firmó el arrendamiento inicial en 1956. Tras su deceso en 1960, la madre asumió la titularidad hasta su muerte en 2005, momento en el cual Maricarmen se subrogó en la posición de arrendataria. Una revisión de la Audiencia Provincial de Madrid determinó que dicha subrogación poseía una vigencia limitada a dos años que expiró en 2007. Pese a ello, la inquilina continuó habitando el lugar y abonando puntualmente las mensualidades, generando una renovación tácita anual que descartó cualquier causal por impago. Las exigencias económicas de la propietaria para un nuevo contrato resultaron incompatibles con las capacidades financieras de la jubilada, detonando la intervención de organizaciones sociales.
La ejecución del desalojo y la escalada de la protesta social
La salida de la adulta mayor en camilla y con una discapacidad reconocida del cincuenta por ciento cataliza protestas masivas y una acampada en la Puerta del Sol.
Durante el operativo del 23 de septiembre de 2026, agentes de la Policía Nacional repliegan a los activistas congregados para impedir el acto, culminando con la extracción de la afectada alrededor de las 13:00 horas. El expediente había escalado previamente ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, instancia que solicitó la suspensión temporal de la medida o una alternativa habitacional. Desde el recinto hospitalario, la afectada direcciona un mensaje de respaldo a los manifestantes instalados en la Puerta del Sol, consolidando su figura como estandarte contra la especulación inmobiliaria.
El acuerdo no concretado para el retorno al hogar
Un pacto legal gestionado por su defensa jurídica garantizaba un contrato por ocho años y una renta limitada al treinta por ciento de sus ingresos netos.
Hacia el 29 de septiembre, la abogada Beatriz Duro confirma la aceptación de un entendimiento negociado con la empresa propietaria Urbagestión, el cual permitía su reingreso al departamento en cuanto recibiera el alta médica, al encontrarse sus pertenencias intactas en el interior. No obstante, el Sindicato de Inquilinas aclara que el arreglo particular no disuelve las movilizaciones colectivas, las cuales persisten para exigir reformas estructurales que blinden a los arrendatarios frente a procesos de desahucio en territorio español.
(Con información de agencias)
